Imagen referencial /Pixabay
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Miles de personas están exigiendo explicaciones al Gobierno por permitir que agentes de la Policía Nacional -sin una orden judicial- desalojasen a los 20 fieles que en Viernes Santo asistían a misa en la catedral de Granada. El caso de Granada ha sido uno de los últimos, que se suma a lo sucedido durante el estado de alarma en iglesias de Cádiz, Sevilla y Valldoreix, en Barcelona.

La campaña, que ya ha recogido más de 17.000 firmas, pide que se garantice la libertad de culto de los cristianos en los términos que marca la ley en el Real Decreto del pasado 14 de marzo por el que se declaraba el estado de alarma.

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“Los cristianos están en el punto de mira de las autoridades y de los medios de la izquierda que les acusan de violar la cuarentena y eso es rotundamente falso”, ha asegurado Javier Nogués, portavoz de MasLibres.org.

El estado de alarma permite las ceremonias religiosas y la asistencia al culto. Así se explica claramente en el artículo 11 del Real Decreto que nos mantiene confinados. ¿Por qué están impidiendo entonces por la fuerza la celebración de la liturgia o que la gente acuda a las iglesias a rezar si se hace conforme estipula la ley?”, ha afirmado el portavoz de la plataforma en defensa de la libertad religiosa.

“Le pedimos al ministro de Interior Grande-Marlaska que garantice nuestra libertad religiosa y desde luego queremos recordarle que la Policía no puede acceder a una iglesia sin una orden judicial dado que no estamos en estado de sitio o excepción”, ha concluido el portavoz de MasLibres.org.

Además del caso de Granada, MasLibres.org también ha tenido conocimiento de otro triste caso del pasado 14 de abril denunciado por el párroco de la iglesia de los Santos Juan y Pablo de San Fernando de Henares en Madrid.

Fuentes del Obispado de Alcalá -consultadas por MasLibres.org- han asegurado que la iglesia desalojada por la Policía Nacional el pasado lunes, en la que había cinco feligreses durante la celebración eucarística, cumplía todas las condiciones de seguridad exigidas por el decreto de estado de alarma. Explican que los hechos tuvieron lugar cuando un vecino llamó a la Policía para denunciar que una misa estaba teniendo lugar y un agente se extralimitase en sus funciones desalojando a quienes estaban en el templo. 

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