Pedro Sánchez, durante un pleno del Congreso./EFE
Pedro Sánchez, durante un pleno del Congreso./EFE

Recién aprobada la que al parecer va a ser la última de las prórrogas del estado de alarma, la mayor concentración de poder en manos del Gobierno desde la Transición, y con la mayoría del país en una fase avanzada de desescalada hacia la «nueva normalidad» (sic), parece buen momento para hacer balance.

La propaganda del Gobierno socialcomunista proclama que «salimos más fuertes», pero lo cierto es que son muchos los frentes abiertos, unos como consecuencia lógica de una pandemia de las dimensiones que conocemos, pero muchos otros derivados de la gestión del Gobierno que ya está siendo investigada por los tribunales.

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1.- El 8-M, tía (y todo lo que implica)

La celebración de las manifestaciones del 8 de marzo, dominadas por el discurso feminista radical impulsado desde el Gobierno fue, sin duda un foco de contagio. Pero su importancia va mucho más allá, porque todas las acciones del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respecto a la pandemia que nos llegaba fueron encaminadas a la celebración a toda costa de este evento esencial en su agenda ideológica, permitiendo durante más de un mes otros multitudinarios como conciertos, partidos de fútbol o mítines políticos. sólo una excepción: obligaron a cancelar un encuentro internacional evangélico.

No importaba que la Organización Mundial de la Salud hubiera comenzado a alertar sobre el brote de coronavirus en diciembre de 2019 (de ahí que se conozca a la enfermedad como covid-19) y que, como se ha conocido, el gobierno tuviera informes antes del 9 de marzo que aconsejaban tomar medidas que paliaran, al menos en parte, el colapso del sistema sanitario y provocara una masacre como la que hemos conocido.

Irene Montero, en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.
Irene Montero, en la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020.

Hasta el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tuvo los arrestos de decir que no impediría a su hijo acudir a la manifestación, cuando el 10 de febrero había firmado un informe oficial del Ministerio de Sanidad en el que se afirmaba la peligrosidad del virus y su alta capacidad de contagio.

El colofón del despropósito en torno al 8-M lo firmó la ministra de Igualdad Irene Montero quien menos de 24 horas después de celebrado el encuentro feminista reconocía que se había convertido en un foco de contagio y que la baja participación respecto a años anteriores se debía al coronavirus, cosa que no pensaba reconocer ante las cámaras.

Para poder celebrar el 8 de marzo, donde por cierto se contagiaron la propia Montero o la vicepresidenta Carmen Calvo, el Gobierno perdió un tiempo de oro para preparar el sistema sanitario y ralentizar el nivel de contagios y, en consecuencia, evitar muchas muertes.

2.- El baile de los muertos

Precisamente el baile de cifras de muertes provocadas por el coronavirus es, probablemente, el agujero negro más tétrico de todos cuantos se pueden enumerar en la gestión del Gobierno en la crisis por el coronavirus.

Hasta en cuatro ocasiones ha modificado el Ejecutivo el modo en que se contabilizaban los fallecidos y, como ha criticado el exministro socialista Fernando Sebastián, siempre para bajar las cifras.

Mientras tanto, observatorios estadísticos y sanitarios como el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Salud Carlos III o las propias funerarias, ofrecen datos que superan con mucho los ofrecidos por el Gobierno. La horquilla en estos momentos oscila entre los 28.000 del Gobierno y los 44.000 que ofrecen otras organizaciones.

Por supuesto, se hizo lo imposible porque no se viera el horror de los ataudes o de las bolsas funerarias acumuladas.

3.- Pactar con Juana o con su hermana

Pedro Sánchez llegó al poder de la mano de Pablo Iglesias, aunque meses atrás había asegurado que un pacto con el líder comunista impediría dormir a la mitad de los españoles, incluido él mismo. Pero la mayoría parlamentaria suficiente necesitó del apoyo explícito de los nacionalistas (PNV, ERC), grupos regionalistas ( Teruel existe o PRC) que sacaron tajada y abstenciones significativas como la de los herederos de ETA.

La legislatura, antes aún del coronavirus, se prometía compleja en cuanto a los equilibrios parlamentarios. Pero las sucesivas votaciones para ampliar el estado de alarma han complicado el sudoku. Hasta el punto de que la última prórroga conocida ha sumado los apoyos en principio antagónicos de ERC, EH-Bildu, PNV y Ciudadanos.

De fondo, negociaciones imposibles, compromisos secretos que salen a las pocas horas a la luz y movimientos entre bambalinas que terminan por lograr que el corcho del Gobierno siga a flote.

4.- Iglesias en el CNI y cargos a gogó

El Gobierno ha aprovechado el Estado de Alarma para pagar los ‘recibos’ a sus socios y colocar a algunas personas en altos cargos. Así h asuccedido, de manera muy destacada con el blindaje del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de inteligencia.

La inclusión de Iglesias en la comisión de control del CNI se realizó en febrero, pero fue recurrida, porque la ley determina que dicha comisión sólo cuenta con un vicepresidente y no varios como había decidido Sánchez.

Así, en un decreto ley de de ayudas contra el coronavirus, el Gobierno dispuso una disposición final que da cabida a la presencia de varios vicepresidentes en la comisión de control de los servicios de inteligencia de España.

A esto hay que sumar la elección de más de 20 nuevos altos cargos que, en su mayoría en nada tiene que ver con la gestión de la crisis sanitaria.

5.- Desprotección del personal sanitario

La situación a la que se ha enfrentado el personal del sistema sanitario (médicos, enfermeros, celadores, limpiadores, etc.) ha sido dantesca. Las imágenes de estos profesionales envueltos en bolsas de fertilizante o forrados de improvisados equipos de protección individual más propios de un país tercermundista llevaron del aplauso emocionado cada día a las ocho de la tarde al hastío. Hasta los propios trabajadores del sistema sanitario se rebelaron contra los aplausos.

Trabajadores de una empresa de limpieza con equipos de protección ante el coronavirus /EFE
Trabajadores de una empresa de limpieza con equipos de protección ante el coronavirus /EFE

Buena parte de esta desprotección deriva del pecado original de no mover apenas un dedo hasta que se celebrara el 8 de marzo. Pero también de las nefasta gestión de las compras de material necesario. Mientras empresarios como Amancio Ortega o Fernando Roig eran capaces de obtener materiales, el Gobierno parecía incapaz de acertar con el modo de aprovisionar a nuestro país.

Aún más, grupos de empresarios y científicos pusieron todo su conocimiento y capacidad en facilitar modos de realizar test. El Gobierno, que con el estado de alarma había asumido el mando único, los ignoró.

6.- Desescalada: fases prêt à porter

El plan de la llamada desescalada no ha sido un plan. Ha sido una subasta. Si el partido que gobierna en una comunidad autónoma tenía algo que ofrecer al Gobierno, sacaba tajada en la relajación de las restricciones de derechos impuestas por el estado de alarma.

Es llamativo, por ejemplo, que el PNV haya obtenido ventajas no sólo para las provincias vascas, sino también para Navarra a cambio de sus apoyos parlamentarios a las prórrogas del estado de alarma.

El caso de la Comunidad de Madrid es también notorio. Si bien es cierto que al ser la región con más afectados era obvio que el ritmo de vuelta a la normalidad sería más lento, se han producido circunstancias cuando menos sospechosas que incluso han llevado a la Comunidad de Madrid a pedir amparo al Tribunal Supremo para conocer los criterios objetivos para la toma de decisiones.

Claro que…

7.- Comisión fantasma

… resulta poco menos que ilusorio pedir unos criterios claros y públicos para la toma de decisiones cuando desde el gobierno se han negado de forma sistemática a dar el nombre del supuesto grupo de expertos que estaba, junto a Fernando Simón, decidiendo sobre el ejercicio de derechos fundamentales de toda la población.

Hasta el punto de que Fernando Simón aseguró en rueda de prensa: «No les voy a dar los nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaba haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad (…) Si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno (…) Lo mejor es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible».

8.- Crisis en la Guardia Civil

Uno de los episodios más esperpénticos durante la gestión del coronavirus ha sido el uso que ha realizado el Gobierno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. el pasado 15 de abril, el Estado Mayor de la Guardia Civil emitió una orden por la que se llamaba a recopilar publicaciones «susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». El escándalo estaba servido.

Pero el escándalo mayor en este campo sucedió cuando se conoció la destitución del director adjunto operativo (DAO) coronel Diego Pérez de los Cobos el 24 de mayo, después de que éste se negara a aceptar el requerimiento de sus superiores políticos para que recabar información de una investigación sobre el 8-M encargada a la Benemérita en funciones de policía judicial.

Dichas investigaciones quedan siempre bajo el secreto que estipule el juez y no pueden ser reveladas. En este caso, la juez encargada del caso especificó al capitán encargado de las diligencias que no comunicara nada de lo hallado ni siquiera a sus superiores.

Pese a que el ministro del interior Fernando Grande-Marlaska negó en reiteradas ocasiones , incluso en sede parlamentaria, que la destitución estuviera relacionada con la investigación judicial sobre el 8-M en relación a la pandemia de coronavirus, el hecho cierto es que ese fue el motivo.

La directora general de l a Guardia Civil, María Gámez, el ministero del Interior Fernando Grande Marlaska y el coronel Diego Pérez de los Cobos. /EFE
La directora general de l a Guardia Civil, María Gámez, el ministero del Interior Fernando Grande Marlaska y el coronel Diego Pérez de los Cobos. /EFE

Así lo certifica el documento en el que se comunica el cese, firmado por la directora general de la Guardia Civil por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

La destitución de Pérez de los Cobos creó un malestar interno en el cuerpo casi sin precedentes, hasta el punto de que tres coroneles dela Guardia Civl habrían rechazado sustituirle. Finalmente, Interior a nombrado para el puesto al teniente coronel David Blanes, hasta ahora jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid. El mismo que estaba al frente de la seguridad de Barajas cuando se produjo el caso ‘Delci’ coprotagonizado por el ministro Ábalos.

9.- Libertad religiosa

Durante los primeros compases del estado de alarma, no fueron pocas las denuncias de abusos policiales contra la celebración de misas, que nunca han estado prohibidas, si bien el decreto de alarma establecía una serie de condiciones de seguridad, en ningún momento quedó formalmente eliminado el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto.

El artículo 11 del Real Decreto 463/2020 por el que se establece el estado de alarma en España el pasado 14 de marzo, referido a las «medidas de contención» relacionadas con lugares de culto y las ceremonias religiosas, en ningún momento prohíbe las celebraciones religiosas.

Literalmente, especifica:

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

Pese a ello, se sucedieron las irrupciones de agentes armados en los templos donde se celebraban misas con apenas fieles presentes que mantenían siempre una prudencial distancia de seguridad.

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