Imagen referencial / Freepik
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Me siento realmente desconcertado. Continuamente vemos cómo en diversos medios de comunicación, de diferente perfil ideológico, se aceptan expresiones que denotan una clara manipulación del lenguaje sin que nadie parezca reaccionar. El ejemplo más reciente es la utilización abusiva del término “prohibición de delitos de discurso de odio” para encubrir lo que siempre se ha denominado simple y llanamente censura sobre la libertad de expresión.

No se debería olvidar que el Código Penal ya incluye justamente sanciones para todo tipo de acciones violentas, incluyendo las amenazas, la difamación y la calumnia, pero para lo que últimamente se está utilizando el concepto “delitos de odio” es para intentar penalizar el simple disenso frente a ciertas ideologías y sus lobbies de presión mediática.

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Así, no es de extrañar que hasta un artículo publicado precisamente en Tribuna Feminista denuncie que “el delito de discurso de odio puede convertirse en una forma moderna de delito de blasfemia. Permite el castigo de opiniones maleducadas u ofensivas pero que, en realidad, no han generado ningún daño específico. Es decir, pueden restringirse libertades fundamentales sólo para no herir sentimientos”, cuando en realidad, las intervenciones penales deberían limitarse a aquellos supuestos en los que el comentario incite a la comisión de un delito concreto.

Por tanto, es fácil ver que, con la denominación de prohibición de discurso de odio estamos aceptando situaciones como lo que la autora de ese artículo claramente feminista, Tasia Aranguez, denomina “mordaza de género” al referirse, por ejemplo, al debate de opiniones sobre los tratamientos prescritos en la transexualidad y sus posibles efectos perjudiciales sobre la salud de las personas, que parece imposible de desarrollarse racionalmente si todo lo reducimos simplificadamente al adjetivo descalificativo de transfobia.

En otro ámbito de discusión, vemos que las divergencias de opinión sobre la idoneidad de la educación diferenciada a nivel escolar ya está pasando a denominarse “educación segregada”, induciendo a pensar que se trata de abolir algún tipo de discriminación injusta sobre los escolares en razón de su sexo cuando, en realidad, la educación diferenciada es una expresión de la libertad de educación de los padres, reconocida y aplicada como tal en los países democráticos de nuestro entorno occidental.

Lo que nos debería llevar también a preguntarnos sobre el posible abuso del concepto de “discriminación”, que se debería utilizar sólo para señalar una situación como gravemente atentatoria sobre la justicia social, que siempre se debe defender, pero que, en ocasiones, parece querer utilizarse también para justificar la anulación de otras libertades fundamentales y extender privilegios para unos en perjuicio de otros.

Un ejemplo reciente de esto se ha podido ver recientemente en la noticia difundida sobre la restricción de acceso de transexuales biológicamente varones a algunas competiciones de deporte femeninas, tales como el rugby americano, lo que algunos han presentado como “discriminación” cuando en realidad sólo se estaban defendiendo por parte de World Rugby, el órgano rector mundial del rugby, las peticiones de trato justo que exigían las propias mujeres atletas, que se veían relegadas al no poder competir en igualdad de condiciones con rivales biológicamente varones.

Quizás lo más llamativo es ver cómo se adjudica el término de “progresista” a partidos políticos que se desentienden de la vida en gestación

Asimismo, es muy llamativo que hasta el mismo concepto de eutanasia, ampliamente difundido, esté intentando cambiarse por el más sofisticado de “ayuda para morir”, tal como recoge el articulado de nuestro proyecto de ley sobre este tema, actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Parece una vez más que, en vez de llamar a las cosas por su nombre, se prefiere continuar con la ceremonia de la confusión, presentando lo que es una provocación directa de la muerte con implicación obligada del personal sanitario como una acción beneficente, en línea con la tradición de la medicina, cuando es justamente lo contrario, la ruptura radical con el Juramento Hipocrático de esta profesión.

Lo mismo se podría decir del término “muerte digna”, que sólo se aplica a la voluntariedad de la misma en ese marco legal, cuando puede estar decidiéndose en condiciones de desamparo social o de depresión emocional, pero eso no parece importarle a nuestros legisladores, que siguen desentendiéndose de la carencia en cuidados paliativos de nuestra sociedad. En realidad, si se aprueba el proyecto de ley, muchas “muertes dignas” van a ser bastante indignas.

Sin embargo, quizás lo más llamativo es ver cómo se adjudica el término de “progresista” a partidos políticos que se desentienden de la vida en gestación y de los problemas de las mujeres con embarazos en situaciones de vulnerabilidad, abocándolas al aborto como única salida al igual que se hacía en siglos pasados.

Al tiempo, se adjudica el epíteto de “conservadores” a los partidos y asociaciones que se implican en la defensa de la vida y de la unidad familiar, o en la aceptación de los niños con discapacidad, que se presentan como valores igualmente conservadores cuando, en realidad, deberían ser signo de vanguardia y progreso de una sociedad que apuesta por su futuro, ya que sin la dedicación a las siguientes generaciones cualquier sociedad está destinada a su extinción.

Liberémonos, por tanto, de complejos que nos llevan a asumir descalificaciones que no nos corresponden y no dejemos que se siga manipulando el lenguaje. Hay demasiadas cosas en juego para desentendernos de esa tarea.

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