Imagen referencial. /Pixabay
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La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo no aprecia circunstancias de especial urgencia para suspender la disposición del Gobierno que impide utilizar el exterior de edificios o la vía pública para celebrar actos de culto. La medida fue solicitada por Abogados Cristianos con carácter cautelarísimo, es decir, a adoptar sin escuchar antes a la Administración, lo que rechaza el alto tribunal al no concurrir las «circunstancias específicas de protección del derecho o interés invocado».

Abogados Cristianos considera en su demanda -cuya resolución sobre el fondo sigue pendiente pese al rechazo de la medida cautelarísima- que la medida del gobierno es arbitraria y que atenta contra la libertad religiosa y de culto, llegando a apuntar que  podría suponer «incurrir en un delito».

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Por el momento, y sin imponer costas, el Supremo considera sin embargo que «ni los argumentos que el recurrente expone en cuanto al rechazo de la previsión del artículo 9 de la Orden recurrida que censura, ni su razonamiento sobre el periculum in mora como requisito general de la medida cautelar solicitada, son argumentos que abonen la inaplazable urgencia de adoptar la medida cautelar sin dar audiencia a la Administración demandada», según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Por contra,  la asociación considera que no hay justificación para que el plan del Gobierno permita en la Fase 1 la celebración de espectáculos al aire libre de hasta 200 personas y, sin embargo, «prohíba las celebraciones religiosas que están protegidas por la Constitución».

Investigan la interrupción de una misa en la catedral de Valladolid

Por suparte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha abierto diligencias previas por la interrupción de una celebración religiosa en la Catedral el pasado 22 de marzo, durante la fase de Estado de Alarma. Investigará si esos hechos son constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, por un posible delito de «interrupción de culto» recogido en el artículo 523 del Código Penal. Considera que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.

Desde la organización de juristas recuerdan que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11: «La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que «en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos».

Castellanos recuerda que el caso de Valladolid no es aislado. «Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares», recuerda la presidenta, en referencia, por ejemplo, la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada. Y añade que «ya se han abierto diligencias por otros casos similares en Murcia y Madrid», también gracias a las denuncias de la asociación.

«Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el Estado de Alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista». «Se trata de una persecución religiosa». «La reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa», concluye Castellanos.

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