Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Se ha presentado en el juzgado de instrucción la primera denuncia contra la Junta Directiva del Colegio Oficial de Psicólogos (COP), por presunto delito de prevaricación administrativa, al no haber abierto un expediente disciplinario contra un profesional que falseó un informe psicosocial.

Se trata de José Manuel Vicente Muñoz, que al falsear ese informe pudo encubrir un mal trato a un menor.

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Existe un presunto maltrato del menor por parte de la madre y del entorno materno que supuestamente encubrió el psicólogo atribuyendo esos malos tratos al padre.

El padre del menor lo denunció al Colegio de Psicológos. Pero en lugar de proceder disciplinariamente contra el profesional (y una vez corroborados los hechos), el COP derivó el asunto a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, sabiendo que ésta no era competente para actuar contra el psicólogo -al tratarse de un tema deontológico-.

Al remitir la denuncia a la Consejería el colegio estaba prevaricando porque no cumplía sus propios estatutos ni la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional. Esta indica en la Sentencia 69/2017 de 25 de Mayo indica que las Comunidades Autónomas no tienen atribuciones para indicar si los psicólogos deben o no estar colegiados, siendo esta competencia estatal.

Claro que el profesional denunciado no era un colegiado más sino el coordinador del área jurídica del Colegio Profesional. Quizá eso puede explicar, que el Colegio no aplicara el protocolo sancionador contra Muñoz.

Porque sí lo ha abierto, en cambio, contra otros profesionales.

Al desviar la denuncia a la consejería de Justicia, el Colegio de Psicólogos conseguía que corriera el tiempo, y que el asunto transcribiera

Al desviar la denuncia a la consejería de Justicia, el Colegio de Psicólogos conseguía que corriera el tiempo, con lo que el asunto terminaba prescribiendo, dejando en la indefensión al denunciante.

El denunciante acusa a la Junta Directiva del Colegio por un delito de prevaricación administrativa, ya que ésta tiene el deber de tramitar las denuncias que se dirijan frente a sus colegiados de forma neutral y objetiva.

Lamentablemente, esta forma de actuar del Colegio de Psicólogos es bastante habitual, ya que casi todos los ciudadanos que denuncian se encuentran con la misma manera de proceder: el colegio remite las denuncias de violación del código deontológico a la Consejería de Justicia.

Y lo hace a sabiendas de que esta no tiene competencias para valorar y sancionar posibles violaciones del código deontológico, dejando a los ciudadanos en la más absoluta indefensión.

 

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