ETA y José Luis Rodríguez Zapatero

Europa Press.

El histórico dirigente de Batasuna, Rufino Etxeberria, actualmente en Sortu, pronunció este martes una conferencia en Pamplona en la que, en nombre de la izquierda abertzale, desveló «por primera vez» los acuerdos a los que llegó el Gobierno socialista en 2011 con ETA por medio de los mediadores internacionales. Ahora pide al nuevo Gobierno que resulte de las elecciones del 20D que retome aquellos compromisos.

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Entre lo relatado por Etxeberria, destaca el compromiso del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de apoyar la legalización de la izquierda abertzale, el acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra o permitir la celebración de la Conferencia de Aiete, paso previo al cese definitivo de ETA.

«Es la primera vez que la izquierda abertzale hace público casi todo lo que vamos a exponer hoy aquí», comenzó diciendo Etxeberria, quien aclaró que la información de la que disponen «ha sido recogido en su integridad de manos de los mediadores o facilitadores internacionales».

Según contó, «en una reunión» a la que les convocaron estos mediadores «unos días antes de la Conferencia de Aiete», les dieron a conocer «los detalles de la situación gestada a lo largo de 2011». «Nos dieron detalles en torno a la Conferencia que se iba a celebrar en breve», dice.

La Conferencia de Aiete, celebrada el 17 de noviembre de 2011 con la participaron de todas las fuerzas políticas vascas -excepto el PP- fue la antesala a la declaración de cese definitivo de la violencia de ETA, decretado tres días después.

«Hoja de ruta resultante»

«Nos hicieron saber que la Conferencia de Aiete era fruto de la dinámica de relaciones mantenida por los mediadores internacionales con el Gobierno del PSOE y con la organización ETA, y que su trabajo como facilitadores contaba con la aprobación de ambas partes», explicó Etxeberria, quien añadió que los mediadores les informaron sobre «un documento que era resultado de la dinámica de relaciones que habían mantenido por separado con ambas partes. Dicho documento llevaba por título ‘Hoja de ruta resultante'».

Esta hoja de ruta «tenía el beneplácito del Gobierno del PSOE y de la organización ETA»

Esta hoja de ruta «tenía el beneplácito del Gobierno del PSOE y de la organización ETA» y constaba de «dieciséis puntos», si bien Etxeberría admitió que «los mediadores internacionales» les subrayaron que todos los puntos «no contaban con el visto bueno del Gobierno español y que algunos de ellos quedaron pendientes de desarrollarse más adelante».

Los puntos que sí contaban con el visto bueno del Ejecutivo eran los siguientes, según relató ayer Etxeberria: «excarcelación de los presos (de ETA) gravemente enfermos», «mejora de las condiciones de vida de los presos», «traslado escalonado de los presos políticos vascos a Euskal Herria» y el «establecimiento de la delegación de ETA en un Estado europeo».

Pendientes de acuerdo

Por su parte, «los temas que la delegación de ETA debía estudiar y acordar con los representantes del Gobierno español eran los siguientes»: «Vuelta a casa de los presos», «regreso de los refugiados (los etarras huidos)», «desarme», «desmilitarización» (salida de las fuerzas de seguridad y el Ejército del País Vasco y Navarra) y «puesta en marcha de medidas de ayuda para la reincorporación a la vida social de los presos y refugiados tras su regreso».

«Apoyar política e institucionalmente la vía para que la Izquierda Abertzale ilegalizada recuperara la situación de legalización»

Según relató Etxeberria, otros compromisos eran celebrar la Conferencia de Aiete, con la colaboración del Gobierno español y «apoyar política e institucionalmente la vía para que la Izquierda Abertzale ilegalizada recuperara la situación de legalización».

En 2011 la izquierda abertzale se presentó a las elecciones municipales dentro de la coalición Bildu cuyas candidaturas fueron anuladas por el Tribunal Supremo a instancias de los servicios jurídicos del Estado, pero posteriormente el Tribunal Constitucional permitió su participación en los comicios de mayo de ese año. Cinco meses después, ETA anunció el cese de la violencia.

Por su parte, también en febrero de 2011 Sortu presentó sus estatutos en los que manifestaba su rechazo a la violencia de ETA, aunque precisando que sólo en el caso de que se volviese a producir en el futuro (en aquel momento la banda tenía en suspenso sus «acciones armadas ofensivas»). El Tribunal Supremo prohibió su inscripción en el registró de partidos al considerarla continuadora de Batasuna, pero en junio de 2012 fue legalizada por el Tribunal Constitucional.

En PP mandó un mensajero

Etxeberria lamentó que tras las elecciones generales de noviembre de 2011 el Gobierno del PP «no aceptó ni la hoja de ruta acordada por el Gobierno del PSOE con los mediadores internacionales ni los compromisos adquiridos». «Respondió diciendo que ponía el contador a cero, aunque permitió que la delegación de ETA permaneciese durante meses en el lugar en el que estaba y, tal y como ha hecho saber recientemente David Pla (ultimo jefe de ETA), incluso envió un mensajero a estar con la delegación de ETA», añadió.

El tiempo que la cúpula de ETA estuvo en Oslo bajo protección del Gobierno noruego recibieron la visita de un enviado del PP

El pasado diciembre, el ex jefe de ETA David Pla -detenido un mes antes- concedió una entrevista al diario Gara en la que aseguraba que el tiempo que la cúpula de la banda terrorista estuvo en Oslo bajo protección del Gobierno noruego recibieron la visita de un enviado del Ejecutivo del PP. Pero añadía que cuando esta persona regresó a Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy no le quiso recibir.

David Pla hacía un recorrido de las gestiones realizadas «en estos últimos cinco años» por ETA, incluidos los 16 meses entre 2012 y 2013 en los que él, Iratxe Sorzábal y ‘Josu Ternera’, estuvieron en distintas fases en el país nórdico, según dice, con la aprobación primero de José Luis Rodríguez Zapatero y «el consentimiento», ya después, de Mariano Rajoy.

En su conferencia de ayer en Pamplona, Etxeberria exigió al nuevo Gobierno que surja tras las elecciones del 20 de diciembre «que saque del cajón la denominada ‘Hoja de ruta resultante’ y que la cumpla empleando los medios necesarios para ello».

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