El gobierno liberal canadiense continúa su cruzada contra la familia y en pro de los mal llamado derechos de las mujeres y los grupos LGTB y no le importa pisotear los derechos de quienes no se pliegan a sus deseos.
La última medida que va a implementar Justin Trudeau es vetar a cualquier empresa de recibir ayudas para contratar a jóvenes como becarios si no certifica antes su conformidad con el aborto y los derechos de los transexuales.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEl nuevo criterio se ha enviado a todos los diputados y se hará público cuando se abra oficialmente el Programa de Trabajo de Verano el 19 de diciembre de 2017.
El certificado dice lo así:
«Para recibir la subvención, los solicitantes deberán certificar que:
- Tanto el trabajo como la empresa respeta los derechos humanos, lo que incluye los valores fundamentales de la Carta de Derechos y Libertades canadiense. Ésta incluye los derechos reproductivos y el derecho a no ser discriminado por razones de sexo, religión, raza, origen nacional o étnico, color, discapacidad física o mental, orientación sexual o identidad o expresión de género«.
El diputado conservador Brad Trost ha sido el primero en denunciar por Twitter y Facebook la discriminación de los liberales.
«Si no tienes la postura del Partido Liberal sobre el aborto o los derechos LGTB, no podrás optar por las ayudas», según un diputado conservador
«En términos prácticos, esto significa que tienes que tener la misma postura que el Partido Liberal sobre el aborto, el matrimonio homosexual, los derechos de los transexuales, y todo tipo de legislación de la Casa de los Comunes o no podrás optar por este programa», ha añadido.
Los canadienses «tienen derecho a tener diferentes opiniones políticas a las del Gobierno de turno y no deberían ver cortados los fondos por estar desacuerdo con el Gobierno», ha manifestado.
«El segundo problema», ha continuado diciendo Trost, «es que esto excluye automáticamente a todas las organizaciones religiosas tradicionales que creen en los valores de la vida humana y de la moral sexual. Esto incluye a millones y millones de canadienses».
«Esto no es un pequeño ajuste del programa federal. Es un primer gran paso en el camino hacia un arduo totalitarismo y abre la persecución con la sanción del Estado», ha manifestado Jack Fonseca, estratega político de Campaign Life Coalition.
«Una vez el Gobierno implemente esta política inconstitucional y anticristiana, el siguiente paso es que el sector privado se sienta con permiso para hacer lo mismo», ha avisado Fonseca.
«Quizás primero con los contratos de suministros. Pero posteriormente, quizás los trabajadores del sector privado se vean obligados a firmar este tipo de declaraciones, que es el camino para que el cristiano tenga que renunciar a sus creencias«.
Lo cierto es que en Canadá, un país supuestamente democrático de Occidente, se ha convertido en un peligro para los derechos y libertades más elementales. Como por ejemplo el de los padres a la educación de los hijos.
Como publicó Actuall recientemente, en Ontario una ley preve quitar la patria potestad a los padres que se atrevan a cuestionar la identidad de género de los adolescente LGBTQI.
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