La juez de la Corte Suprema Elena Kagan, junto a Barack Obama, quien la propuso para el cargo.
La juez de la Corte Suprema Elena Kagan, junto a Barack Obama, quien la propuso para el cargo.

El 20 de marzo de 2018 comenzaron las cuestiones previas en la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el caso del National Institute of Family and Life Advocates v. Becerra, una demanda de varios centros de maternidad provida que no quieren ser obligados por la ley de California a anunciar abortos en sus centros.

En un hecho sin precedentes, una de las jueces de la Corte, Elena Kagan, que se ha mostrado hasta ahora defensora del aborto, y así lo ha manifestado en sus votos en los casos que trataban ese tema, y que había sido nombrada como miembro de la Corte Suprema por Barack Obama, ha manifestado que la ley californiana tenía como objetivo los centros provida y que por lo tanto está manipulada.

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La mayoría de los jueces, de cualquier corte ideológica, después de oír los argumentos, parecen inclinarse por que la ley estaría violando los derechos de expresión de los centros de apoyo a la maternidad que se oponen al aborto y promueven la natalidad.

La juez ha manifestado que la ley parece manipulada para tener como objetivo a esos centros. La ley californiana obliga a estos centros, bajo multas de 1.000 dólares por cada infracción, a que avisen a los pacientes de que el estado ofrece la posibilidad de abortar gratis o con un bajo coste.

«Un gobierno que te dice lo que no puedes decir es peligroso, pero un gobierno que te dice lo que debes decir -bajo la amenaza de un castigo severo- es alarmante»

También otro juez, Anthony Kennedy, que pese a haber sido nombrado por un presidente republicano -Ronald Reagan-en la mayoría de las ocasiones ha votado por leyes proaborto, parece haberse inclinado por defender la posición de los centros de maternidad y consideró que algunos de los requisitos de la ley eran «una carga excesiva» para los centros.

«Un gobierno que te dice lo que no puedes decir es peligroso», ha afirmado Michael Farris, presidente y CEO de Alliance Defending Freedom, que representa a los centros, «pero un gobierno que te dice lo que debes decir -bajo la amenaza de un castigo severo- es alarmante».

«El estado de California, a instancias de la industria abortista, está usando su fuerza para obligar a los centros de maternidad provida a ser cómplices del aborto teniendo que decir a las mujeres cómo conseguir un aborto gratis o a bajo coste. Incluso peor, la ley AB775 específicamente tiene como blanco a estas pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen información en favor de la vida y que sin ellas muchas mujeres no recibirían», ha insistido Michael Farris.

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