Los diputados de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. / Vox
Los diputados de Vox Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. / Vox

Vox apuesta por proteger a los denunciantes de casos de corrupción «para poner fin a la situación de absoluto desamparo en la que, en la actualidad, se encuentran». Lo ha hecho presentando una proposición de Ley en el Congreso que quiere dar cimplumiento a la Directiva de Prootección a los Denunciantes de Corrupción aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 16 de abril.

Tal y como ha explicado la diputada de la formación Macarena Olona, con la aprobación de esta ley «no podrá perseguirse al denunciante, a los periodistas o a los medios de comunicación que, en su labor de investigación e información pública, publiquen información relativa a posibles práxcticas corruptas».

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La propuesta legislativa de Vox incluye la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Denunciantes de Corrupción, que quedaría adscrita al Ministerio deJusticia «sólo a efectos organizativos sin que esta adscripción afecte en ningñún caso a su autonomía e independencia funcional».

Los miembros de Vox proponen para presidir este organismo a la juez Mercedes Alaya, que instruyó el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, «si esa fuera su voluntad». El resto de miembros de la Autoridad Independiente serán propuestos al Congreso «por organizaciones sociales de ámbito nacional que trabajen ya contra el fraude y la corrupción en España».

El organismo recogería las posibles denuncias y las trasladaría, tras estudiarlas a la Fiscalía, sin perjuicio de que pueda ejercer la acusación particular. Asimismo, la Autoridad Independiente deberá informar si «concurren circunstancias que puedan suponer un peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante» o sus familiares.

Prohibidos los indultos

La proposición de ley de Vox incluye algunas modificaciones importantes de otras leyes que incluyen: derogar los plazos máximos de instrucción de estos casos; la prohibición del indulto «total o parcial cuando se trate de delitos de terrorismo, de financiación ilegal de los partidos políticos» así como aquellos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Esta prohibición de indultos también se aplicaría, según el texto presentado, en el caso de delitos contra la Constitución o las Instituciones del Estado como los de traición, rebelión, sedición o contra el orden público.

El portavoz del Grupo Vox en el Congreso considera que la formación «da un paso al frente para impedir la nueva burla a nuestro Estado de derecho que supondría que quienes cometen los crímenes más graves contra nuestro orden constitucional no tengan que asumir responsabilidad penal alguna por la cobardía del Gobierno de turno que, a cambio del apoyo parlamentario, sea capaz de poner a España de rodillas». 

Para los condenados por terrorismo o intentos golpistas, Vox propone modificar la Ley General Penitenciaria para que cumplan sus penas «en Comunidades Autónomas en las que no tengan representación parlamentaria partidos políticos que cuenten entre sus afines o hayan respaldado públicamente actuaciones contrarias al orden constitucional, la unidad de España y las Instituciones del Estado».

 

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