Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, frente a la Comisión Europea
Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, frente a la Comisión Europea

La solución de último minuto para los interinos resulta insuficiente y contraria al derecho europeo.

Nuestro despacho ha denunciado recientemente a España ante Bruselas por el incumplimiento de la directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada que debería haber sido traspuesta el 10 de julio de 2001. Exigíamos que se garantizase la permanencia en el puesto a los trabajadores abusados en su temporalidad, pero también que se cumpliera lo que dice la directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE: que las administraciones establezcan sistemas para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad.

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Así lo establecía también la reciente sentencia de Luxemburgo de 2 de junio en la que recordaba la obligación de los estados de “establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada”.

Nada de esto se contempla en el real decreto convalidado por lo que pervive el riesgo de perpetuar la abusividad y aplicando la ‘doctrina Franvocich’ de Luxemburgo, permite a los ciudadanos víctimas de la no aplicación de la normativa europea reclamar daños y perjuicios al Estado y resulta inconstitucional.

Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí

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