Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí
Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí

La Comisión Europea estudiará el abuso de las aseguradoras sanitarias en España. Así lo dispuso el pasado 1 de julio la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que remitió la queja de los médicos españoles a la Comisión Europea para que elaborara “una investigación preliminar”.

El Parlamento Europeo había admitido hace unos días tramitar la queja presentada por Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, en nombre de la Unión Profesional de Médicos (Unipromel).

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Navas denuncia que la práctica de las aseguradoras sanitarias en España vulnera el art. 17.3 de la directiva 2016/97 de 20 de enero de 2016 sobre distribución de seguros que establece que los distribuidores de seguros no pueden establecer criterios de remuneración que afecten al mejor interés de sus clientes. “Con remuneraciones de 8 euros por visita, obviamente la calidad asistencial se resiente y se afecta al interés del paciente”, lamenta Navas.

La directiva 2016/97 también establece que las aseguradoras no pueden evaluar el rendimiento de sus profesionales si esa práctica entra en conflicto con el mejor interés de los clientes. “En el caso español las aseguradoras lo evalúan y lo deciden todo: el tiempo de atención, el coste de cada operación, y el tiempo de hospitalización por cada patología; y todo esto al margen del criterio del profesional que está atendiendo al paciente”, lamenta Juan Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

En la queja presentada ante el Parlamento Europeo -que ahora también estudiará la Comisión- el socio-director de navascusi.com denuncia que la práctica de las aseguradoras sanitarias en España supone una restricción a la libertad profesional y al derecho a trabajar, derechos contemplados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. “Pero también supone privar a los pacientes del derecho a la libre elección de profesional, mermando su capacidad de decisión, la libre competencia y la calidad de un servicio tan esencial como el sanitario”, denuncia Guerrero.

Navas recuerda en su queja al Parlamento Europeo la sentencia C-531/06 del Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo que exige que los farmacéuticos tengan “independencia profesional real” frente a los mayoristas sobre los que se sospecha interés económico. “Esa ‘independencia profesional real’ no existe en los médicos; las aseguradoras no les permiten negociar precios, ni tiempos por visita, ni tiempos de hospitalización. Si alguien lo plantea, le amenazan con echarle del cuadro médico o directamente le echan; si un colegio sugiere precios orientativos, lo censuran. Y estos abusos son los que va a investigar ahora la Comisión Europea”, concluye el socio-director de navascusi.com

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