Las Administraciones Públicas son un gigante voraz que consume, cada día más, los recursos del país. Y los españoles, siervos que sacian ese hambre que no acaba.
El think tank Civismo ha publicado el informe «La deuda pública hipoteca un 41% del ahorro de las familias», en el se habla de cómo la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas asciende al 99,8% del PIB hasta el segundo trimestre de 2017.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEsto supone que cada ciudadano debe 24.454,72 euros, lo que merma el total del ahorro neto de una familia de tres miembros en un 40,92%.
Así,
- sobre el total del valor de la residencia habitual, que concentra el 70% de la riqueza familiar, la deuda de la Administración Central supondría una hipoteca del 35,82%;
- la de las comunidades autónomas, del 10,28%;
- la de las corporaciones locales, del 1,17%;
- y la de la Seguridad Social, del 0,62%,
- por lo que el patrimonio neto que no quedaría afectado por la deuda ascendería a un 59,08%.
Las familias catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde
Las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público.
Mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde.
El impacto del endeudamiento tiene un pernicioso efecto bumerán, ya que, a costa de los beneficiarios actuales del Estado de Bienestar, socava el potencial de crecimiento económico para financiar las pensiones y los servicios públicos futuros, y ahonda un problema estructural: el déficit de ahorro familiar.
Un ahorro neto de deuda que actualmente se cifra en 179.300 euros para una familia en la cohorte de edad media de la población (entre 45 y 54 años).
Por administraciones, la central acapara la mayor parte de la deuda, con el 87,4% del PIB; las comunidades autónomas, el 25,1%; las corporaciones locales, el 2,8%; y la Seguridad Social, el 1,5%.
En cuanto al destino que se da a estos recursos, según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la deuda va a parar al capítulo sanitario; el 22,88%, a inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración; un 21,54%, a educación; el 15,4%, al servicio de la deuda (intereses más amortización), y el 7,01, a protección social.
