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La deuda pública que acumulan Administración central y autonomías hipoteca el ahorro de las familias

Una familia con tres hijos hipoteca un 40% de sus ahorros

Las Administraciones Públicas son un gigante voraz que consume, cada día más, los recursos del país. Y los españoles, siervos que sacian ese hambre que no acaba.

El think tank Civismo ha publicado el informe “La deuda pública hipoteca un 41% del ahorro de las familias”, en el se habla de cómo la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas asciende al 99,8% del PIB hasta el segundo trimestre de 2017.

Esto supone que cada ciudadano debe 24.454,72 euros, lo que merma el total del ahorro neto de una familia de tres miembros en un 40,92%.

Así,

Las familias catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde

Las familias de Extremadura, Andalucía o Canarias son las que tendrían que hipotecarse menos para hacer frente al endeudamiento público.

Mientras que las catalanas, madrileñas y navarras tendrían que emplear la mitad de su patrimonio neto en amortizar el volumen de deuda que les corresponde.

El impacto del endeudamiento tiene un pernicioso efecto bumerán, ya que, a costa de los beneficiarios actuales del Estado de Bienestar, socava el potencial de crecimiento económico para financiar las pensiones y los servicios públicos futuros, y ahonda un problema estructural: el déficit de ahorro familiar.

Un ahorro neto de deuda que actualmente se cifra en 179.300 euros para una familia en la cohorte de edad media de la población (entre 45 y 54 años).

Por administraciones, la central acapara la mayor parte de la deuda, con el 87,4% del PIB; las comunidades autónomas, el 25,1%; las corporaciones locales, el 2,8%; y la Seguridad Social, el 1,5%.

En cuanto al destino que se da a estos recursos, según la variable orientativa de las partidas funcionales de gasto del presupuesto nacional y de los autonómicos, un tercio de la deuda va a parar al capítulo sanitario; el 22,88%, a inversión pública, justicia, defensa y gastos corrientes de la Administración; un 21,54%, a educación; el 15,4%, al servicio de la deuda (intereses más amortización), y el 7,01, a protección social.

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