La opulencia es manifestación de superabundancia, es signo de exceso de algo y normalmente se refiere a riqueza. Una muestra de opulencia la encontramos en España donde cada año se entregan 14.300 millones de euros en subvenciones. Bueno, esa cantidad es solo una estimación que depende de cómo se defina el término “subvención”. A juicio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con una definición más amplia del término subvención, la cantidad podría acercarse a los 30.000 millones de euros.

En su primer informe del proceso de revisión integral del gasto público, la AIReF señala la falta de control, nula planificación, deficiente fiscalización y ausencia de sanciones a quienes incumplen las condiciones de las ayudas recibidas. Es un hecho que cuando se origina un desastre por causas naturales se declara la situación de zona catastrófica y se ponen los remedios oportunos. En este caso el desastre, por causas humanas, tiene carácter nacional y la respuesta ha sido el silencio. Publicada la noticia de este informe  a primeros de junio, ningún partido político, sindicato, organización empresarial o entidad que luche por los derechos humanos, ha cuestionado la generosidad y ligereza con que se maneja el dinero del contribuyente.

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Es una cantidad que supone, más o menos,  la mitad del déficit del presupuesto, o la casi totalidad de lo que se dedica al pago de las clases pasivas, o la mitad de lo que se destina al pago de intereses por la deuda pública.  

No cabe mayor opulencia que despilfarrar el dinero cuando sobra. Pero esa es otra de las gordas. La deuda pública en junio del 2019 era 1.210.508 MILLONES de euros. Y eso es lo que no se concibe, que con una deuda tan abultada (a cada español le corresponde casi 26.000 euros) se derroche el dinero público.

La deuda pública era casi inexistente a la muerte de Franco. Se crearon los partidos políticos y surgió la figura del político “profesional”, o sea, el que vive de la política. Esa persona que se acomoda en los órganos de gobierno, en los parlamentos (la Constitución creó 17), diputaciones y 8.000 ayuntamientos, que mantienen, además de los imprescindibles funcionarios, a alcaldes, ediles, asesores, personal de confianza y parentela, con sustanciosos sueldos que salen del dinero público, ese que “no es de nadie”.

Y ahí está la explicación del desbarajuste. El 29 de mayo  del 2004, la ministra socialista Dña. Carmen Calvo Poyato manifestó: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Es decir, descubrió que hay dos clases de dinero. Por una parte el que gana cada persona con su esfuerzo y la ayuda, o a pesar, de los bancos. Ese dinero cuando falta en extremo origina el desahucio. Por otra parte hay un dinero público que no es de nadie, a disposición de  los políticos, sin que, a base de deuda, acabe nunca….pero que alguien, de alguna manera, tendrá que pagar.

¿Existe alguna relación entre ambas clases de dinero? Evidentemente sí. El dinero público procede de los impuestos. Cuanto más dinero “que no es de nadie” tienen los políticos para su uso y disfrute, menos dinero tiene el contribuyente que lo ha ganado. Cada vez que el gobierno, la autonomía o el ayuntamiento hace un gasto, el dinero sale del bolsillo del contribuyente.  

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