Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana.

El pacto entre presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu y el de la Fundación la Caixa, Isidro Fainé, de abandonar la sede en Cataluña fue el inicio para que más de 500 empresas hicieran lo mismo. Ahora han acordado un golpe final al proceso independentista por si Mariano Rajoy no lleva a cabo ninguna acción.

Este acuerdo consiste en no reconocer a la Generalitat de Cataluña si se declara independiente e intenta, como sugiere la CUP, imponer medidas recaudatorias rápidas. El pacto ha sido alcanzado, según ha podido confirmar El Mundo, por si mientras Rajoy lanza y, sobre todo, hace efectivo el artículo 155 de la Constitución se topan con dos supuestas legalidades paralelas.

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Y es que el acuerdo tomado por la banca implica una especie de aplicación financiera del artículo 155: solo cumplirán la legalidad que emana del Estado español en caso de que se produzca un interregno entre las iniciativas del Parlament y la restauración del Estado de derecho por parte del Gobierno central. En concreto, no acatarán ninguna medida de Carles Puigdemont para contener la fuga de capitales o recaudación paralela de impuestos que no estén cedidos por el Estado. 

La diputada de la CUP, Eulalia Reguant, licenciada en Matemáticas, cree que debe realizar un corralito. “A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, dar la capacidad de funcionar a la república”, ha detallado.

Controles de salidas de capital

Aunque no se ha hecho público, hay acuerdo en el seno de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

podrían imponer por ley que todas las entidades financieras colaboraran en pagos de impuestos de clientes

Fuentes de ambas instituciones ponen como ejemplo que, aunque el cambio de sede salvaguarda pagar el impuesto de sociedades en el Estado español y la seguridad del euro, la Generalitat podría empezar a aplicar la Ley de Transitoriedad e imponer controles de salidas de capital y exigir retenciones del IRPF de los empleados en Cataluña de los bancos y empresas que operen en su territorio.

Incluso podrían imponer por ley que todas las entidades financieras colaboraran en pagos de impuestos de clientes como se hace ya con la Agencia Tributaria estatal.

Por otro lado, CaixaBank y Sabadell mantienen contacto con personalidades del PDeCAT para frenar la espiral. El propio ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, se está mostrando sensible a que la declaración inmediata de independencia seria una locura y también otras figuras como el conseller de Economía, Santi Vila o la presidenta de la Diputación de Barcelona -y alcaldesa de San Cugat del Vallés, sede operativa del Banco Sabadell-, Mercè Conesa.

Así Mas está más moderado, porque es consciente de que una DUI ahora llevaría a Cataluña al caos. “Él no es un loco y tiene líneas rojas. El mismo reconvirtió el referéndum del 9-N cuando fue prohibido en una consulta participativa”, afirma un banquero catalán, confiado en que el expresidente influya en Puigdemont.

De hecho, Artur Mas está insinuando que la victoria del Ejecutivo central no debe ser “humillante” para poder reconducir el proceso

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