Imagen referencial /Pixabay
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* Por Ricardo Martín de Almagro

De pequeño recuerdo irme a dormir fantaseando sobre hipotéticas batallas tras ver películas bélicas. Especialmente, cuando salía una de esas superproducciones de Hollywood que sacan año sí y año también para engrandecer el papel de EE. UU. en la Segunda Guerra Mundial. Esos largometrajes suelen seguir un patrón común en el que el ciudadano de calle se alista voluntario, o bien un soldado raso se ve sumergido en una misión de dimensiones colosales. Y yo, desde el otro lado de la pantalla, me preguntaba cuándo volveríamos a estar en guerra.

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Queridos lectores, jamás imaginé que hoy os pudiera confirmar que ese día es el día de hoy. Una guerra global contra un enemigo global. Y ha llegado el momento de pasar a la acción.

En aquellos filmes, veíamos a un Roosevelt o un Churchill con su gabinete de gobierno unido y contundente, con fría y firme decisión para atacar los frentes que se abrían. Si algo dejaron de enseñanza tantas horas de filmografía sobre aquella ejemplaridad es la necesidad de tener un gobierno proactivo, contundente, firme y con unidad de mando. Vivimos tiempos que requieren de ello, de coalición nacional (no confundir con blanquear una gestión tan nefasta y destructiva como la actual). En momentos de crisis es cuando la tecnocracia brilla por su ausencia y la echamos en falta. Menos políticos y más expertos. Solo los técnicos tienen la capacidad y prudencia de anticiparse a los hechos, de tomar medidas preventivas y llegados el caso, de reacciones contundentes.

Esa misma falta de prudencia y contundencia se ha traducido en jornadas históricas en cuanto a la destrucción de empleo refiere. La insuficiencia de los recursos destinados para paliar el inmovilismo al que nos hunde el Covid19 ha disparado los datos del desempleo. España ha registrado 800.000 parados más. Si consideramos también el riesgo de que se dejen caer las empresas tras un plazo de suspensión productiva de seis meses, tres millones de personas afectadas por los ERTEs podrían pasar a engrosar las listas del paro.

Por lo pronto, lo más destacable que ha realizado el gobierno ha sido la movilización de 100.000 millones en avales bancarios, pero no es suficiente. Esas cifras calarán principalmente en los negocios que muestren menos riesgos, aquellos cuya solvencia no se viese comprometida antes de la llegada del Covid19. Estos avales van a cubrir solamente el tejido productivo más sano. Hay PYMEs que se van a ver excluidas de estas garantías, ya que estos avales van dirigidos a los negocios más viables, por lo que aquellos que soporten o supongan un riesgo más elevado van a quedar potencialmente excluidos. Ello podría repercutir en una mayor crecida del desempleo ante las inminentes liquidaciones de estos agentes económicos.

Los españoles esperamos una reacción rápida y contundente. Necesitamos al Churchill implacable que Hollywood nos vende

Un error de bulto que está cometiendo el gobierno actual es no ver que la mayor amenaza para el tejido empresarial nacional no es la solvencia, sino la liquidez. Por eso, lo que se requiere es que a estas empresas se les siga dando oxígeno para que no mueran en el corto plazo. Hacen falta líneas de crédito estatales para sostener a las PYMES y autónomos, evitando que se asfixien por falta de circulante. A ello, habría que sumar la suspensión (o incluso exención) de impuestos, liberar de cargas dada la paralización estatal. El objetivo con estas medidas adicionales propuestas sería mantener la capacidad de los negocios para sobrellevar los costes fijos y cumplir con los pasivos circulantes antes de reflejar la paralización económica en sus cuentas. Es decir, facilitar que las empresas puedan cumplir sus obligaciones y mantener viva una economía parada. Darle oxígeno.

Para ello, el Estado lo que debería hacer no es esperar más medidas del BCE. El BCE ha agotado casi todos sus recursos en salir de la crisis de deuda soberana de 2011 y no da más de sí. Ya avisó Lagarde de que es hora de que la acción recaiga sobre los Estados. No solo ella, también su predecesor Mario Draghi alentó a los gobiernos para evitar el desastre al que poco a poco avanzamos. La crisis de deuda soberana supuso un gran protagonismo de la política monetaria, pero ahora es la política fiscal la que debe tomar las riendas. El euro está agotado.

Los españoles esperamos una reacción rápida y contundente. Necesitamos al Churchill implacable que Hollywood nos vende. No podemos esperar a la aprobación de los supuestos socios de la Unión Europea debido a las reticencias de los países del norte (que con su reiterada negativa nos dejaron claro quiénes eran los PIGS en el tablero). Finalmente, han cedido, pero no van a dejar de hacer lo que los gobiernos se supone que realizan: mirar por los intereses de sus ciudadanos. Y si ello supone tomar medidas que nos perjudiquen, lo harán. Se deben a sus electores y se niegan a mutualizar riesgos con países altamente endeudados como los mediterráneos.  

Mientras Bruselas termina por decidir qué hacer respecto al desempleo, España debe  pasar a la acción. Como Draghi dijo, hay que recurrir al endeudamiento. Hay que hacer economía de guerra. Para ello, se hace necesario un programa de emisión de bonos aprovechando la suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Soluciones de guerra para tiempos de guerra.

Hay quienes se aterran ante la opción de emitir deuda, pero no es tan descabellada. El mejor ejemplo de país emisor y altamente endeudado lo encontramos en la primera potencia (por momentos) del mundo, EE. UU., cuyos niveles de deuda alcanzaba en 2018 el 104’26% de su PIB (lo que se traducía en la friolera de 18’16 trillones de dólares). A día de hoy, se dispara hasta los 22 trillones de dólares, suponiendo un déficit del 4’8% y el 110% del PIB .

No queda otra, el coronavirus ha cerrado los chiringuitos y la Administración Pública no puede librarse y ser el único que esté abierto

De momento (y repito, solo de momento) la economía norteamericana no ha colapsado. Ello se debe a que gozan de capacidad productiva y financiera para cumplir con sus obligaciones a corto y medio plazo. Así pues, la deuda pública de España sobre el total de su PIB es de 95’6%. Si miramos más allá del Atlántico para seguir sus pasos, tendríamos un margen de 450 puntos básicos para llegar al 100% del PIB y otros tantos para igualar a nuestros vecinos atlánticos en sus datos de endeudamiento (en términos relativos) de 2018. Esto se traduciría en una inyección de liquidez de más de 110.000 millones de euros. Si con ello podemos evitar la debacle, ¿no estaría más que justificado? Eso sí es trabajar por y para la sociedad en lugar de dar discursos emotivos vacíos de contenido y que no van a ningún lado. Como en un conflicto, debemos cuidar a nuestros ciudadanos, tanto ahora como en los meses de recesión que vienen. Si ello requiere aumentar la deuda, así sea. Es o eso o el colapso.

Para que esto fuera factible, España además debería de dar muestras y señales a los inversores de que tiene capacidad de cumplir con las obligaciones derivadas de las inyecciones de liquidez. Para ello, serían necesarios planes de choque en la economía nacional y una profunda reforma estructural de la administración nacional. No queda otra, el coronavirus ha cerrado los chiringuitos y la Administración Pública no puede librarse y ser el único que esté abierto.

Anualmente, mientras la AIReF denuncia falta de transparencia, en España desparecen 14.000 millones en subvenciones no controladas. A ello, hay que añadir 52.000 millones de euros que se presupuestan anualmente en transferencias realizadas a otras administraciones territoriales. ¿Tan necesarias son las Comunidades Autónomas? El entramado administrativo es ineficiente con sus duplicidades y resulta realmente costoso. ¿Y qué hay de la legión de asesores que oscilan entorno a los partidos? En 2016 nos costaban 1.000 millones a los contribuyentes nada más que los elegidos vía libre designación. ¿Está este último gasto justificado? Lo que hoy llamamos democracia resulta ser un sistema partitocrático de amiguetes que lleva mucho tiempo costándonos bastante caro.

Lo anteriormente expuesto son meros ejemplos de gasto público ineficiente por donde se van millones de euros en detrimento de la economía. Con estos recursos, ¿cuánto podíamos haber dedicado al fortalecimiento de otras administraciones como pueda ser la Sanidad, hoy doblegada?

Hay margen para recortar y hacer adelgazar a la administración, que es quien debe asumir el shock del Covid19. El Estado debe ser garante y responsable ante sus ciudadanos. Además, hay que demostrar a los inversores que España está dispuesta a asumir sacrificios y desprendernos de aquello que no es esencial. Tenemos el criterio para saber qué partes del Estado sobran. Al mismo tiempo, se hace necesario reforzar aquellas administraciones que son vitales y debemos proteger para velar por nuestra sociedad. España es social y no debe desatender su Sanidad y Educación. Además, el país necesita de agilidad jurídica acompañada de una menor burocracia y un refuerzo del sistema judicial. Solo así facilitaríamos el nacimiento y desarrollo de empresas, las cuales necesitamos para consolidar nuestro tejido productivo.

El objetivo que debemos marcarnos es la atracción de capitales, ser atractivos, generar confianza. Junto a la agilidad jurídica, hay que aprovechar el ahorro generado por el adelgazamiento administrativo para suavizar la presión fiscal. Junto a ello, se hace necesario una potenciación del talento nacional. España tiene capacidad de reinventarse y sacar lo mejor de sí. Somos un país con un potencial del que no terminamos de ser conscientes. Buena muestra de ello son los 33.000 ingenieros españoles que tuvieron que marcharse por la crisis de 2011, altamente demandados por las naciones más industrializadas. Señores, grábense el siguiente mensaje: España vale lo que valen sus gentes. Y eso, es mucho.

El español medio, el español de calle, ha acabado harto de debates que van a ningún lugar. ¿Cuántas elecciones ha habido en los últimos años? Al final el hastío se ha instalado en la población y ésta ha terminado por rechazar y hacer ascos a una clase política que cada vez está más alejada del pueblo, centrada en ultrajarse mutuamente. Los españoles, los trabajadores, queremos soluciones. Para eso se les elige y se les paga, no para estar con la frivolidad de enzarzarse en egocéntricos debates sobre las medidas del estado de alarma. Mientras ellos discutían de madrugada, la pandemia se expandía y los hospitales lo sufrían.

Estamos en guerra y hay que superarla. Sin embargo, como no se va a ganar esta batalla es a golpe de ideologías y amenazas sectarias. No nos vale tener a un Pablo Iglesias amenazando con aplicar el artículo 128 de la Constitución, dando a entender posibles nacionalizaciones. Por un lado, España no es Venezuela. Por otro lado, las expropiaciones cuestan dinero (echen un vistazo a la Ley de Expropiación Forzosa) y no estamos ni estaremos para derrochar. Es toda una irresponsabilidad, no es momento de generar miedo y sembrar incertidumbre. Son tiempos para cooperar y trabajar juntos (sin dejar de exigir responsabilidades). La Posmodernidad en la que vivimos se caracteriza por no dejar espacio para las ideologías, ya que éstas han fracasado. La alternativa a ello es el pragmatismo. Y ahora, más que nunca, hay que ser pragmáticos. Pero para ello hace falta humildad. Humildad para dejar diferencias a un lado y trabajar. No son tiempos de debates, son tiempos de vencer al virus. Y después, de pelear contra la crisis que viene. Porque estos tiempos, aunque no sean de una película de Hollywood, son tiempos de guerra.

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