Imagen referencial de educación infantil / Pixabay
Imagen referencial de educación infantil / Pixabay

Arranca el nuevo curso. Nervios en los alumnos, nervios en los profesores, nervios en los padres. Hasta ahí, todo más o menos esperable. Pero también parece que hay nervios en el Gobierno, que en las últimas semanas ha hecho públicas algunas intenciones que, de hacerse realidad, pueden repercutir de forma directa en la calidad de la enseñanza y, sobre todo, en el derecho a la libertad educativa y de elección de los padres.

Las tres amenazas concretas son: la marginación de la asignatura de Religión; el desprecio a la demanda de los padres para la distribución de aulas; y la aplicación concreta -esta a cargo de las Comunidades Autónomas- de las leyes de imposición LGTBI.

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A este respecto, Actuall ha preguntado a algunas de las entidades más involucradas en la defensa de la libertad educativa por su parecer. Estas son sus impresiones.

1.- Marginación de la asignatura de Religión católica

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONCAPA), sostiene que esta amenaza “afecta directamente al derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”.

En este sentido, Caballero reclama al Ministerio de Educación que “la asignatura se garantice, tenga peso específico, sea evaluable y entre dentro del currículum, igual que su alternativa, para que haya una verdadera libertad a la hora de escoger”.

En declaraciones a Actuall, el representante de CONCAPA recuerda que la elección de la asignatura en los centros públicos “está entre el 68 y el 72%”, una cifra que considera “muy significativa”, más si se tiene en cuanta que se trata de un acto voluntario.

Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos.
Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos.

Para el portavoz en materia educativa de Profesionales por la Ética, Miguel Gómez, el anuncio de marginación de la asignatura “choca con los acuerdos Iglesia Estado y con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional” conocida la pasada primavera, que avala la existencia de la asignatura de Religión como materia opcional pero evaluable en un Estado laico.

Desde Profesionales por la Ética, este anuncio no tiene “soporte jurídico” forma parte de un rosario de declaraciones de intenciones de un Ejecutivo “débil e inestable, sin capacidad ejecutiva”.

Sin embargo, el anuncio sí conlleva un peligro a juicio de Gómez, que estriba en “la claridad de su planteamiento ideológico: el derecho a educar no está en los padres sino en el Estado. Y su proyecto político no va a cejar en esta intención”.

Preguntado por la misma cuestión, el presidente de la Asociación Libertas, Francisco Martinez, recuerda que el sentido de la trascendencia caracteriza al ser humano “desde la noche de los tiempos” como demuestran la Antropología y la Arqueología y, por tanto, el intento de ocultar esta dimensión en la enseñanza sólo puede venir promovida por dos motivos: “Bien por miopía del gobernante o bien por intención manipuladora”.

Aún más, Martínez incide en el argumento de que “el hecho religioso es nuclear en la existencia del hombre y no se puede ni debe sustraer de la educación; sin él no se puede entender la historia de la humanidad, ni las razones del comportamiento humano en todas las culturas y generaciones”.

Para el presidente de Libertas el intento de minimizar la presencia en la vida pública del hecho religioso por parte del Gobierno responde a que “es un palo en la rueda en su aspiración dominadora, algo que escapa a su control”.

Además, recuerda a Actuall que tal medida sería contraria a la Constitución Española (art. 9.2 y 27.3), la Carta d Derechos fundamentales de la Unión Europea (Art. 14.3); el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales (13.3), entre otros. “El por qué no los cumplen, habrá que preguntárselo a ellos”, subraya.

2.- Eliminación del requisito de demanda para ampliar líneas

Otra de las amenazas que se ciernen sobre la libertad educativa en España el el anuncio de la modificación del artículo 109.2 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), que establece que la Administración programará la oferta educativa atendiendo a una serie de requisitos, entre ellos “tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”.

Miguel Gómez apunta que en este campo “la batalla real viene de lejos y se ha venido dando en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE”, de tal forma que “Andalucía es el paradigma”, ya que “ha ido limitando año a año las plazas concertadas a pesar de la demanda social”.

Gómez considera que este anuncio constituye en sí mismo “una amenaza a la libertad” que se salta “la libertad de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos invocando la primacía de la educación estatal”. A pesar de ello, Gómez confía en que “la coyuntura política no va a permitir esta modificación de la ley en esta legislatura”.

Francisco Martínez, presidente de Libertas.
Francisco Martínez, presidente de Libertas.

Francisco Martínez, de Libertas, considera que en este caso conviene recordar que el Estado está para apoyar y defender el derecho de los padres a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos, pero nunca para suplantarlos.

Sin embargo, considera que “los aparatos ideológicos del Estado son diversos pero el más importante con diferencia es sin duda la escuela”, porque “la ingeniería social siempre trabaja mejor sobre la segunda generación”, motivo por el cual el Gobierno trata de eliminar la incidencia de las preferencias de los padres en la estructura escolar.

No en vano, ya decía François Mitterrand que “para hacer la revolución ya no hace falta asaltar el palacio de invierno; basta con asaltar la escuela”.

Para Pedro Caballero, la medida es especialmente peligrosa porque “afecta a los que eligen la pública y la privada” y trata de esconder “que se vea con claridad el resultado de elegir en libertad”.

Además, de aplicarse, supondría “tocar uno de los factores principales que dan más libertad a la gente que no tiene recursos para poder elegir”.

Por último, sobre esta cuestión Caballero entiende que se trata de una apuesta del Gobierno movido “por sus acompañantes de viaje” político para quienes “todo lo que huela a religión o a red concertada no tiene que existir o si tiene que existir deber ser subsidiario de la pública”.

3.- Aplicación de las leyes LGTBI 

La aplicación efectiva de las leyes de imposición de la ideología de género y los postulados de los grupos de presión LGTBI también preocupa a los expertos consultados por Actuall.

Francisco Martínez recuerda que “la identidad de los niños, se configura en los
primeros tres años de vida, no solo la identidad sexual, sino su lugar en el
mundo. Estos primeros años son fundamentales” por lo que la puesta enmarcha efectiva de estas leyes es aún más peligrosa, si se tiene en cuenta que lo que pretenden “es la deconstrucción de todo lo humano” sobre la base de una “teoría anticientífica”.

Advierte además que “en las primeras etapas, el adoctrinamiento es muy sutil, muy progresivo, casi no se percibe, el veneno va oculto, mezclado con el chocolate y bien
presentado, envuelto en papel de regalo para que los padres no lo interpreten como malo”.

En consecuencia, “el resultado pretendido, es un individuo ambiguo, solo, aislado, sin
referentes, sin familia. Y más fácilmente manipulable. La implantación de esta ideología, es por tanto un instrumento de poder, enmascarado y oculto en aparentes buenas intenciones”, concluye.

Desde CONCAPA, se asegura que “no queremos adoctrinamiento en las clases” y que una cosa es trabajar por la tolerancia y otra “que bajo esas siglas se meta ideología de género que manipula la mente de nuestros jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que es cuando más protección deben tener”.

Frente a esta amenaza, Caballero propone trabajar de forma intensa en el estudio de las leyes autonómicas y su concreción en los currículos académicos, así como en conocer quiñenes van a aimpartir esos contenidos y de qué manera.

“Hemos hecho un manual de información a las familias y un escrito para comunicar al centro que yo tengo la potestad sobre mi hijo y cuando van a dar algo que no viene en el currículum normal para que yo lo valore”, explica.

A su juicio no se trata un de problema exclusivo de los centros “sino que también en las familias tenemos que saber cómo actuamos ante el desconocimiento del tema” haciendo hincapié en que es precisamente “el hijo el que recibe la ideología”.

Miguel Gómez, portavoz de Educación de Profesionales por la Ética.
Miguel Gómez, portavoz de Educación de Profesionales por la Ética.

Profesionales por la Ética, que en los dos casos anteriores ve dificultades de aplicación por la debilidad del gobierno, en este caso sí consideran que se trata de “un problema de impacto inmediato porque las legislaciones autonómicas de los últimos años facilitan toda una serie de actuaciones que atentan contra la libertad de los padres”.

Al igual que Caballero, Miguel Gómez advierte de que la mayoría de los padres no son conscientes “del peligro que supone la irrupción de los lobbies de género en las aulas sin su conocimiento”.

Y también se han puesto manos a la obra con la difusión de la campaña “5 motivos y 5 maneras de defender la libertad de educación” donde aportan una “Solicitud de información previa y consentimiento expreso” animando a los padres a que la entreguen en los centros educativos a fin de que sus hijos no asistan a actividades con contenidos que ellos no aprueben.

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