Concentración de la plataforma Más Plurales contra la Ley Celaá de Educación en el Congreso de los Diputados /Más Plurales
Concentración de la plataforma Más Plurales contra la Ley Celaá de Educación en el Congreso de los Diputados /Más Plurales

La tramitación de la Ley Celáa sigue su curso en el Congreso de los Diputados de tal manera que los preceptos liberticidas que se están imponiendo sin concurso alguno de la comunidad educativa, vetada del proceso, siguen aprobándose, enmienda a enmienda.

A los preceptos que garantizan en exclusiva la educación pública marginando la concertada o que eliminan en la práctica la enseñanza y el uso del castellano en las aulas de determinados territorios, se suman este jueves la prohibición de la separación por sexos en la escuela concertada y la aprobación de la disposición adicional cuarta que llevará al cierre de los centros de educación especial en el medio plazo.

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La primera de las enmiendas, pactada con ERC por PSOE y Podemos ha agravado si cabe aún más el planteamiento que sobre esta cuestión traía la ley en origen. Así, la norma no establece solo una preferencia para el concierto educativo para los centros mixtos, sino que directamente expulsa a los que no lo sean.

«Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas», señala la enmienda pactada y «no separarán al alumnado por su género» (sic).

Este articulado choca frontalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 en la que se establece que la educación diferenciada por sexos «no causa discriminación» y es «respetuosa con la Constitución»

«Sentencia de muerte» a la educación especial

Por otro lado, ha sido ratificada la Disposición Adicional Cuarta de la ley, que ne la práctica supone una soga que irá de manera paulatina pero inexorable ahogando a los centros de educación especial hasta provocar su desaparición.

Dicha disposición estipula que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones Educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para
que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy
especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros
ordinarios».

La plataforma Educación Inclusiva sí, Especial También denuncian que el Gobierno «se está aprovechando para acallar a las familias» ya que por la situación de estado de alarma se restringe la posibilidad de manifestar su rechazo en las calles. «El Gobierno nos cierra las puertas a ser escuchados, eliminando a la sociedad civil y no dejando exponer su posición en la Comisión de Educación en el Congreso», denuncian.

Por ello, consideran que esta disposición dicta una «sentencia de muerte a la educación especial».

Primera concentración frente al Congreso de los Diputados

La plataforma Más Plurales se ha podido manifestar este jueves junto al Congreso de los Diputados después de sobreponerse a algunas trabas del Gobierno para hacerlo el pasado martes cuando estaba previsto.

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA, una de las entidades que forman parte de la plataforma, ha sido la encargada de recordar las razones de su oposición a esta ley en el acto al que han acudido los principales representantes de las organizaciones integradas en Más Plurales y alrededor de un centenar de personas.

Entrelos motivos para su protesta se encuentran que esta ley:

  1. Está siendo tramitada «de forma exprés sin negociación, diálogo ni consenso».
  2. Es «partidista, injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina derechos y libertades individuales y colectivos».
  3. Adjudica un papel subsidiario a la enseñanza concertada con  relación a la pública, condenándola a una progresiva desaparición.
  4. Pretende imponer un único sistema gratuito de carácter público eliminado la pluralidad y la libertad de los padres de elegir otro tipo de educación.
  5. Omite cualquier mejora para los profesionales del sector de la enseñanza concertada.
  6. Relega la asignatura de Religión dificultando el derecho a la  formación religiosa por parte de las familias.
  7. Condena al cierre a los centros de educación especial.
  8. Es «inoportuna y tramposa» y se aprovecha de la pandemia para cambiar «radicalmente» el modelo de la educación sin debate social.
  9. Siembra la cizaña y la discordia entre las redes de  centros, el profesorado y las familias.

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