La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este jueves ante 2.000 representantes de colegios católicos que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución, declaraciones que han provocado un sonoro murmullo entre los asistentes.

Celaá ha pronunciado estas palabras durante su intervención en la inauguración del decimoquinto congreso de Escuelas Católicas, que se celebra desde este jueves en Madrid, donde ha afirmado que «del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir» dentro del concepto de libertad de enseñanza de la Constitución de 1978.

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«Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tenerlos padres y madres en las condiciones legales que se determinen pero no son emanación estricta de la libertad reconocida del artículo 27 de la Constitución», ha dicho Celaá.

«No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está en el artículo 27», ha precisado la ministra tras el murmullo, aludiendo al artículo de la Constitución que proclama que «todos tienen el derecho a la educación» y «se reconoce la libertad de enseñanza», así como que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».

Según Celaá, la Constitución «ofrece una pluralidad de contenidos sobre la proclamación de la libertad de enseñanza» y la «imposibilidad del monopolio educativo del Estado», así como una «apertura a la enseñanza a la iniciativa de particulares», aunque no el derecho de las familias a la elección de enseñanzas religiosas, «como da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981», ha remachado la ministra.

Reforma educativa

Celaá ha intervenido en el gran auditorio del Hotel Marriott de Madrid, donde se celebra el congreso de Escuelas Católicas, tras el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y José María Alvira, el secretario general de la organización patronal que agrupa a 2.000 centros educativos católicos de toda España.

En su intervención, la ministra en funciones ha anunciado que, tras las elecciones del pasado 10 de noviembre y el preacuerdo de formación de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, espera «retomar en breve los debates sobre el proyecto de ley educativa» con el que pretende derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular.

«Nos urge modificar y transformar de manera profunda el sistema educativo desde el diálogo y la moderación», ha asegurado Celaá aludiendo a su propuesta de reforma educativa, que quedó frustrada, a principios de año, por el adelanto de las elecciones generales.

El pasado 15 de febrero, el mismo día que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la convocatoria electoral del 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), también conocida para la ‘Ley Celaá’, aunque no llegó a tramitarse en el Congreso.

Esa reforma de la Ley Orgánica de Educación eliminaba los dos artículos de la LOMCE que convertían la asignatura de Religión en una «materia específica» de los dos cursos de Bachillerato, y suprimía también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno.

Además, incorporaba la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en 5º o 6º de Primaria, así como en 1º, 2º o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y eliminaba la «demanda social» como criterio para la planificación escolar, un «eufemismo», en palabras de Celaá, para «propiciar que la escuela pública pueda considerarse subsidiaria de la concertada», según dijo hace meses la ministra.

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