Cómo responder a un colegio que se niega a aceptar el PIN Parental frente a la ideología de género

La asociación Género en Libertad denuncia que hay numerosos casos de centros educativos que rechazan o no atienden la solicitud del PIN Parental. El gabinete jurídico de Género en Libertad ha elaborado un modelo de reclamación administrativa que se ha de presentar en las Consejerías.

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El PIN Parenta es una herramienta jurídica que pretende blindar el derecho constitucional de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos en función de sus criterios morales, éticos, filosóficos o religiosos recogido en el artículo 27.3 y que lleva años siendo promocionada por la sociedad civil frente a las ingerencias promovidas por leyes de privilegio LGTBI dictadas en numerosas comunidades autónomas.

La Asociación Género en Libertad, de reciente creación, ha informado en los últimos días de que no son pocas las ocasiones en las que algunos directores de los centros escolares «están rechazando el PIN Parental o consentimiento informado de los padres para que no den a sus hijos educación afectivo sexual sin su consentimiento».

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Por ello, ha difundido un plan de actuación para recurrir ante la Administración o por vía judicial, para hacer prevalecer el derecho constitucional y la integridad moral de los menores conforme a la libre elección de sus padres o tutores legales.

En caso de rechazo del PIN Parental por parte de los dirigentes de un centro educativo, hay que seguir los siguientes pasos:

Realizar una reclamación por vía administrativa, dirigida a la Consejería de Educación correspondiente. Este paso permite abrir la vía contenciosa, que, a juicio de Género en Libertad «es al final la principal alternativa que tenemos».

En dicha reclamación, se expone cómo se ha pedido el consentimiento expreso para charlas en «cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a la educación afectivo sexual, la ‘identidad y expresión de género’, la ‘diversidad sexual y afectiva’, los ‘diferentes modelos de familia’, etc.».

También se consigna que dicha petición bien ha sido «rechazada o no atendida» de tal forma que se conculca el «derecho a educar a mi hijo según mis propias convicciones» y que, pasado un tiempo razonable, se ha tomado la decisión de realizar la denuncia pública.

Entre los fundamentos jurídicos de esta reclamación se hallan, además del artículo 27.3 de la Constitución Española anteriormente citado, el 16.1 (libertad ideológica,religiosa y de culto) y el 39.3 que establece el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos.

Asímismo, la denuncia administrativa se apoya en la sentencia del 11 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, según la cual se establece la doctrina respecto al deber jurídico de cursar Educación para la Ciudadanía de que este deber «no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas».

Por último, se cita el Protocolo Adicional Primero al Convenio Europeo de 1950 para la protección de los derechos humanos que se expresa en términos similares al 27.3 de la Constitución Española y que ha sido la base de varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Folgero contra Noruega; Campbell contra el Reino Unido) en las que se subraya la obligación de los estados de respetar la libertad educativa de los padres y de «velar para que las informaciones o conocimientos que figuran en el programa sean difundidos de manera objetiva, crítica y pluralista prohibiendo que tengan el fin de adoctrinar y que pueda ser considerado como no respetuoso para las convicciones filosóficas y religiosas de los padres».

En conclusión, esta reclamación solicita una sanción, previa instrucción del correspondiente expediente y que los padres de la comunidad autónoma en cuestión sean informados «y presten consentimiento antes de futuras charlas de este tipo».

Gabinete jurídico gratuito

La asociación Género en Libertad cuenta con un servicio jurídico gratuito en cada provincia de España para colaborar en la presentación de estos recursos y su adaptación a cada caso particular que puede ser contactado a través del correo electrónico info @ generoenlibertad.org o a través del WhatsApp 687775436.

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