Una maestra de Texas ha sido despedida por el instituto en el que ejercía por usar su cuenta en Twitter para pedir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que expulsara a los ilegales que hay en el centro educativo. Lo más llamativo del asunto es que, según la ley, eso es exactamente a lo que están obligadas las autoridades.

De los malos generales se dice que siempre se preparan para la guerra anterior, y creo que tres cuartos de lo mismo podría decirse de casi todos los nosotros con respecto a la ideología política. Las ideologías, aunque traten de abarcar cualquier situación, parten de una concreta y es frecuente que los cambios les pillen con el pie cambiado.

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Derechas e izquierdas, por ejemplo, tienden a establecer una separación tajante entre el ámbito político, el Estado y todos sus órganos dependientes, y la iniciativa privada. Esta última, que supuestamente no tiene verdadero poder coactivo, no es nunca de temer para el liberal y tendrá, mientras se mantenga dentro de la ley, bula para actuar a su gusto. A su vez, para la izquierda, la empresa es extensión del patrón, y el patrón es el enemigo, del que solo puede esperarse que apoye las ideas más reaccionarias, propias de su clase.

Nada de esto se aplica ya. Hoy el Estado, por ejemplo, no necesita una oficina de censura, ni un aparato oficial de propaganda, para aplicar ambas cosas. En cuanto a lo segundo, el sistema de enseñanza, los grandes medios y los ‘agentes culturales’ actúan con tanta eficacia que el propio pueblo ejerce de propagandista sin sueldo. Y en cuanto a la segunda, la presión social -no rara vez violenta-, la prensa y las propias empresas se aseguran de que nadie exprese opiniones indeseables.

Piensen, por ejemplo, en el caso de Georgia Clark, ciudadana de esa “tierra de los libres, hogar de los bravos” que es Estados Unidos. Clark, que daba clases en el Instituto Carter-Riverside de Fort Worth, tiene, como millones de personas en todo el mundo, cuenta personal en redes sociales. No como empleada del Carter-Riverside, sino como particular con un derecho a la libertad de expresión que garantiza la Constitución.

Se trata de la normativa relativa a quienes entran ilegalmente en el país que, como es natural, deben ser devueltos a su nación de origen

En Estados Unidos, la libertad de expresión que protegen las leyes es amplísima, inimaginable en casi todo el resto del mundo. Allí, por ejemplo, el odiado Ku Klux Klan es perfectamente legal, como lo es el Partido Nacional Socialista, y ambos celebran ocasionalmente marchas públicas por las calles. Eso daba a Clark la absoluta seguridad de que no tendría una inesperada visita de la policía o una notificación de un juzgado en el correo por indignantes o sediciosas que fueran las opiniones que vertiera en su cuenta personal.

Pero Clark no tenía intención de pedir que exterminaran a todos los varones, como no es raro leer en redes sociales e incluso en la ocasional tribuna de prensa, ni de subvertir el orden constitucional. Por no querer, ni siquiera -al menos, en los comentarios que desencadenaron su personal tragedia- pedía la abolición de ninguna ley o la aprobación de alguna nueva. Todo lo que pedía era que se cumpliera la ley, y para eso se dirigía al presidente, máxima autoridad encargada por el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Como consecuencia, la junta escolar de su instituto la despidió casi inmediatamente después de la publicación de su tuits. Porque la ley que pedía a Trump que aplicara es una norma que la progresía dominante no solo considera que puede ignorarse impunemente, sin molestarse en pasar por la molestia de derogarla, sino que juzga ilícito siquiera defender su cumplimiento. Se trata de la normativa relativa a quienes entran ilegalmente en el país que, como es natural, deben ser devueltos a su nación de origen. Lejos de ser una norma tiránica o desusada, es de rigor en cualquier país civilizado que, sin ella, no podría decirse que tiene frontera y, por tanto, tampoco país.

Pero la escuela no es el Estado ni el despido, estrictamente hablando, una sanción, y la junta votó unánimemente su expulsión. Al ser pública, sin embargo, a Clark le queda aún la opción de apelar la decisión a la Agencia de Educación del estado de Texas.

No es ese el caso cuando se trata de una empresa privada, y se ha dado hasta la saciedad. Un caso llamativo fue el del creador del navegador Firefox y fundador de la empresa que lo comercializa, Mozilla, que fue despedido de la compañía que había levantado cuando se supo que había donado 3.000 dólares a la campaña por el “no” en el referéndum californiano sobre matrimonio homosexual. Por supuesto, lo que hizo era perfectamente legal y legítimo; tanto, de hecho, que en el hiperprogresista estado de California ganó el “no” al matrimonio de personas del mismo sexo. Como en casi todos los estados en los que se celebró una consulta similar, una treintena, aunque no sirvió de nada cuando el Tribunal Supremo decidió que era un ‘derecho constitucional’.

El régimen de silencio es palpable. Nadie que opine con su verdadero nombre se atreve a expresar una opinión que pueda ofender a alguno de los numerosos colectivos de víctimas autodesignadas, porque sabe que su empresa, en la mayoría de los casos, preferirá despedirle antes que afrontar un problema de imagen.

E incluso con pseudónimo es peligroso. Uno de los ‘deportes’ favoritos de la Gestapo amatteur del progresismo es el denominado ‘doxxing’, que consiste en hackear la cuenta del osado para descubrir su identidad, investigarla y publicar luego todos los datos, desde el nombre hasta la dirección postal (útil, por si algunos vecinos quieren hacerle una “visita”), pasando por la empresa para la que trabaja.

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