La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la ex magistrada y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell, ha propuesto aplicar el 155 a Murcia para obligar al Gobierno autonómico a suspender la aplicación del ‘pin’ en sus escuelas.

¿Se dan cuenta? Cataluña se ha pasado décadas fomentando el secesionismo más estridente en las escuelas y desde su televisión pública, imponiendo el catalán en detrimento del idioma común en desafío abierto a leyes y fallos judiciales y, en general, pasándose por el arco del triunfo lo que venía de Madrid y chocaba con su proyecto nacionalista, llegando al referéndum de pega organizado por Artur Mas. Pero tuvieron ya que proclamar la independencia en el Parlament para que el Gobierno de España aplicara el Artículo 155 de la Constitución que permite la intervención de una Comunidad Autónoma rebelde. Y, aun así, dejaron en pie toda la fuente de los problemas, como podemos ver hoy.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Y una nimiedad por lo demás obvia como es el PIN Parental les lleva a pedirlo para la pacífica y poco problemática Murcia. Si esto no es una victoria, no sé cómo llamarlo.

El PIN no es el PIN, naturalmente. El PIN Parental, entre nosotros, en sí mismo, es poco menos que inútil. Muchísimos padres, incluso estando en contra del adoctrinamiento salvaje a que van a someter a sus hijos, se lo pensarán antes de dejar a sus hijos señalados de manera tan clara, por no hablar de que la misma basura infame la van a tragar en las asignaturas lectivas. Es la religión oficial hoy, y está en todas partes. Por último, a efectos personales probablemente sea más eficaz la resistencia pasiva o extraoficial.

Les hemos visto rabiar de tal manera en la defensa de la necesidad de pervertir a nuestros hijos que ya no puede quedar en nadie la menor duda de que eso es lo que consideran más importante

Y, sin embargo, la aprobación del PIN Parental ha sido un éxito resonante, una trompeta de triunfo, una señal para convocar a las tropas y decirle a España que la batalla no está aún perdida. Precisamente porque el PIN no es el PIN, porque el PIN es un brillante gambito para obligar al enemigo a retratarse, para poner sobre la mesa lo que muchos padres ignoran. Y el resultado ha sido glorioso y estremecedor al mismo tiempo. Les hemos visto rabiar de tal manera en la defensa de la necesidad de pervertir a nuestros hijos que ya no puede quedar en nadie la menor duda de que eso es lo que consideran más importante. Los hijos no son nuestros, son suyos. Son de Celaá, de Irene Montero, de Pedro Sánchez.

Porque lo que tiene de más divertido -o más sangrante- esta polémica es que todos los padres -las excepciones extravagantes no me interesan- están de acuerdo con la idea que está detrás del dichoso PIN. Sí, también Montero, Sánchez, y toda la tropa podemita. No es que piensen que es el Estado (?) quien debe decidir lo que aprenden los niños; es que piensan que sus ideas deben imponerse a tus hijos, pero nunca al revés. ¿Alguien se imagina a alguno de nuestros nuevos amos admitiendo esa primacía del adoctrinamiento estatal si el gobierno -y, por tanto, los planes de estudio- estuviera en manos de la derecha, de la de verdad? ¿Creen que Irene dejaría que sus tres vástagos aprendieran amor a España o su carácter indivisible? No hace falta que respondan, cae por su propio peso.

Es lo que decía Lenin resumiento en qué consiste todo juego político: determinar quién hace qué a quién. Y lo que ellos quieren es imponer su credo, no una imposible ‘neutralidad’ estatal.

De hecho, en la mayoría de los casos, tanto canto lírico en favor de la enseñanza pública es para consumo ajeno, que lo que quieren para los hijos de los demás rara vez lo consienten para los propios. La propia Celaá, tan entusiasta de la idea de enrolar a nuestras criaturas en el nuevo Konsomol estatal, escogió para sus propias hijas un colegio muy diferente del que defiende: el Colegio Bienaventurada Virgen María – Irlandesas de Leioa (Lejona). Lo peor de lo peor: católico, concertado y hasta con uniforme.

Pero, también es mala suerte, la misma semana en que estalla la polémica en torno al PIN y en la que todos los socialistas se ponen poéticos ensalzando la bondad del Estado cuidando de las delicadas mentes de los españoles menores de edad y asegurándose de que no corren peligro a manos de esos peligrosos fascistas que somos sus padres, nos enteramos de esta noticia: una red de prostitución de niñas -sí, niñas- a cargo de la administración en Mallorca. Pretenden que no es generalizado, pero el número de las abusadas -niñas dejadas a cargo de las autoridades- asciende ya a dieciséis. No parece un caso aislado.

Tampoco parece que el caso haya causado demasiado revuelo, ni hay periodistas de campanillas siguiendo la pista ni abre telediarios o periódicos, y tenemos nuestras sospechas de por qué podría darse este flagrante caso de negligencia profesional. Porque es la prueba evidente, por si hacía falta, de que si en efecto hay padres que no saben cuidar de sus hijos, la probabilidad de que en general lo haga mejor un puñado de funcionarios a sueldo a quienes los niños ni les van ni les vienes es, por así decir, escasa.

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