Imagen referencial de alumnado. /Pixabay
Imagen referencial de alumnado. /Pixabay

El Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán ha asegurado que la palabra “adoctrinamiento no debe acompañar y ni siquiera estar cerca de otras voces
como educación, enseñanza o docencia”.

Así lo ha destacado en su Informe Anual, presentado recientemente en el Congreso de lso Diputados donde en concreto ha realizado una llamada de atención en relación con el uso de las instalaciones, espacios y centros educativos para actos de reivindicación política, como suceidó de forma muy significativa el día 1 de octubre de 2017 durante el golpe de estado secesionista en Cataluña: “Hay espacios y lugares más adecuados para este tipo de actos, y quienes los promueven o los autorizan y quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole o la comunidad educativa, deberían responsablemente planteárselo”.

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Asímismo, Fernández Marugán considera que «sin merma de la inclusividad, el
sistema educativo puede incorporar fórmulas de escolarización especializadas para la
atención educativa de los alumnos en razón de sus necesidades específicas», después de recibir numerosas quejas al respecto.

En mayo de 2018, el propio Ministerio de Educación recogía en un informe hechos contrastados de adoctrinamiento en al menois 24 escuelas de Cataluña, relacionados con «el seguimiento de huelgas y parones del profesorado en el inicio de curso, convocatorias de protesta por encarcelamiento de los ‘jordis’, quejas por adoctrinamiento a menores de parvulario y supuestos castigos por hablar castellano”.

El Ministerio señalaba entonces que «involucrando a los alumnos en este tipo de actuaciones, se están conculcando diferentes derechos, desde restarles tiempo y enseñanzas en su proceso educativo, como el de no proporcionarles la suficiente protección para su desarrollo personal e intelectual».

ALo largo de 2018, la Ofina del Defensor del Pueblo tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de
inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.

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