Isabel Celaá, ministra de Educación /EFE
Isabel Celaá, ministra de Educación /EFE

El Gobierno de España tiene decidido condenar a la enseñanza pública concertada al no incluirla en el plan de ayudas para afrontar la pandemia del coronavirus, pero ha renunciado a la redacción inicial de las conclusiones de la llamada Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados en la que se explicitaba que “la totalidad del incremento de la inversión iría destinado a la educación pública de gestión directa”, excluyendo a la concertada.

Debido a la presión de Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria y Navarra Suma, el Grupo Parlamentaio Socialista, junto a Unidas Podemos y ERC han tratado de dar un barniz a su propuesta, que ha suavizado el tono, pero que sigue sin hacer explícita la inclusión de la concertada.

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En concreto, la enmienda transaccional pactada por los partidos que sustentan al gobierno y los secesionistas republicanos catalanes afirma ahora que el dinero que destinado a paliar los efectos del coronavirus en la gestión educativa  “irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden al alumnado en situación de vulnerabilidad”.

La enseñanza concertada ahorra al Estado unos 3.300 millones de euros al año, según defiende el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal.

El gasto público en centros educativos públicos no universitarios es de 5.436 euros por alumno. En cambio, el coste en la concertada fue de 2.886 euros por alumno.

La mayoría de los centros que se acogen a este modelo son de inspiración religiosa católica, si no directamente gestionados por instituciones católicas. Más de un millón y medio de alumnos son instruidos en colegios concertados, que asumen además el 15% del alumnado extranjero.

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