El rechazo a la Ley Celaá se hace patente en 50 ciudades de toda España

Miles de ciudadanos salieron a las calles de España en sus vehículos para protestar contra la Ley Celaá, un "atropello" a las libertades democráticas y educativas. Los padres "no se rinden ante una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española".

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La plataforma Más Plurales por la libertad educativa asegura que «cerca de un millón de personas en cincuenta ciudades» españolas salieron este domingo a las calles para protestar por la tramitación exprés y sin consenso de la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) conocida como Ley Celaá.

De esta manera se ha demostrado, defienden, «que no se rinden ante una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española» contra una norma que representa «un atropello a sus libertades democráticas y educativas».

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La plataforma, que anuncia que mantendrá la convocatoria de protestas mientras que no se dé la aprobación definitiva de la ley en el Senado -prevista para este miércoles 23- y también después, denuncia que esta norma «impone un único modelo de educación y elimina la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos».

Más Plurales señala además que se trata de una ley «contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de Religión que imparte clases en los centros públicos».

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Manifiesto por la libertad educativa

En cada convocatoria, los representantes de Más Plurales leyeron un manifiesto en el que se denunció la ley elaborada «sin dialogo, sin negociación, sin consenso político y social» enplena pandemia para minimizar la contestación social y de los profesionales educativos, centrados en mantener el sistema educativo a pesar de las circunstancias.

«Ni es el momento, ni son las formas», expone el texto que subraya que se trata de la primera vez que una ley de este calado no ha contado con la participación de la sociedad civil y representantes del sector: «El Gobierno no se ha dignado a hablar con la sociedad, despreciando las opiniones y sentimientos de millones de familias y educadores».

La plataforma denuncia que la ley «tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas» y «atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias».

Se tata, señalan, de una norma que «asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública» de tal forma que la asignación de plazas se realiza «sin tener en cuenta lo que las familias solicitan» y sin respetar que «el derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos».

El manifiesto de la plataforma Más Plurales para este domingo reclamó una escuela «plural, gratuita y universal» para lo que es necesario «si hay diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y se pueden elegir libremente»; defendió que «la enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo»; abogó por «la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada»; exigió al Estado y a las administraciones «que cumplan con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, cubriendo sus necesidades materiales y de recursos humanos en igualdad de condiciones»; demandó el respeto a «los derechos y acuerdos internacionales que existen sobre la asignatura de Religión» ya que es «una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada».

Al tiempo, se pide «una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial y que los padres o tutores puedan elegir libremente en qué tipo de centro quieren escolarizar a sus hijos pues ambos son inclusivos» y se denuncia que «la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones».

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