Fue en el inicio de curso 2016-2017 cuando el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, en una carta dirigida a las familias de su centro de ideario católico, criticó la ley aprobada en el mes de Julio del mismo año por la Comunidad de Madrid. Ni el colegio ni la institución titular, la Fundación Educatio Servanda, recibieron queja alguna de ninguna familia del centro, sin embargo la misiva llegó a determinados medios de comunicación que iniciaron una feroz campaña contra el colegio, su director y la institución titular.

Pocos días después, la Consejería de Educación inspeccionó minuciosamente al colegio sin encontrar motivo alguno de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela. Tampoco la fiscalía encontró ningún ilícito penal «…al no rebasar los límites del derecho constitucional a la «libertad de expresión», y concretamente a la «difusión de ideas u opinión», pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del Director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia».

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El gobierno regional del PP sancionó al colegio

Aún con todo, la Consejería de Políticas Sociales, haciendo uso del régimen sancionador incluido en la propia ley que prevé sanciones de hasta 45.000 €, multó al director que tuvo que pagar 1.000 €.

Ni el director ni la Fundación Educatio Servanda, se conformaron con asumir una sanción, que no por ser menor económicamente dejaba de vulnerar derechos fundamentales de las personas. Por ello Educatio Servanda decidió hacerse cargo de las costas judiciales y llegar hasta el último extremo para defender unos derechos que son de todos, planteando incluso la inconstitucionalidad de la ley.

Tras los necesarios recursos administrativos, llegó el turno de los juzgados que finalmente condenaron a la Comunidad de Madrid a la devolución a Carlos Martínez de la sanción más los intereses y a las costas del proceso.

La Comunidad de Madrid ha tardado casi un año en hacer caso a la justicia.

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