Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León /youtube
Rocío Lucas, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León /youtube

Desde que el nuevo Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos se asentó en la Junta de Castilla y León, una de sus máximas prioridades ha sido homologar la normativa regional en materia LGTBI con las del resto de comunidades autónomas.

A pesar de la reacción de la sociedad civil, encabezada por la asociación Hazteoir.org,  el gobierno encabezado por Fernández Mañueco sigue en disposición de blindar legalmente los intereses económicos del lobby LGTBI en Castilla y León. De hecho, ni siquiera las 18.000 firmas entregadas por HazteOir.org el pasado viernes 17, hicieron cambiar de opinión al presidente popular. El vicepresidente Francisco Igea (Ciudadanos, en coalición con el Partido Popular) respondió que “ni 18.000, ni 20.000, ni 50.000 firmas le harían dar un paso atrás en la defensa de los derechos LGTBI”.

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A pesar de ello, HazteOir.org ha conseguido que la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas Navas, acepte una reunión que tendrá lugar el próximo día 28 de octubre para tratar la cuestión del PIN Parental y el adoctrinamiento LGTBI en las aulas. En esta reunión la entidad cívica denunciará que las plataformas LGTBI están introduciendo el adoctrinamiento ideológico en las escuelas y pondrá de manifiesto que las leyes implantada por el Estado y las Comunidades Autónomas están logrando sustituir las materias troncales por seminarios de diversidad y autoexploración sexual.

La propia Federación LGTBI de Castilla y León ha asegurado este jueves que no apoyará el proyecto de ley elaborado por la Junta. La decisión se basa en que se trata de un texto «de mínimos» que no representa a este colectivo. Además la plataforma LGTBI ha acusado al Gobierno de coalición de hacer supuestas concesiones a otros colectivos conservadores como el Foro de la Familia o HazteOir.org.

La Educación en el punto de mira

En efecto, a pesar de que la educación en España no sale bien parada en las clasificaciones europeas y de que muchos jóvenes tienen que emigrar para paliar las deficiencias de nuestro sistema educativo, las leyes fomentadas por los gobiernos regionales ponen el acento en la ideología de género, en lugar de reforzar la comprensión lectora o las matemáticas.

El lobby LGTBI, en connivencia con la mayoría de los partidos políticos de ambos espectros ideológicos, está acaparando recursos públicos y soporte jurídico para animar a los jóvenes a mutilar su cuerpo y manifestar su supuesta verdadera identidad sexual oculta. El objetivo es ensalzar su autopercepción como realidad incontestable y tachar a la Biología de mera superstición retrógrada.

Teresa García-Noblejas: “Es demencial que se amenace a HazteOir.org por denunciar el adoctrinamiento afectivo-sexual en las aulas»

Mientras tanto, los portavoces de HazteOir.org defienden su postura argumentando que no están reclamando nada raro, sino tan sólo el derecho a que nuestros hijos hablen de su sexualidad con sus padres, no con funcionarios. 

Desde HazteOir.org abogan por que los padres tengan la seguridad de que sus hijos están en la escuela aprendiendo matemáticas y lengua y no la correcta manipulación de los genitales femeninos para provocar orgasmos.

“Es demencial que se amenace a HazteOir.org por denunciar el adoctrinamiento afectivo-sexual en las aulas y hay asociaciones y activistas que cobran subvenciones por interrumpir una clase de Sociales y soltar estas cosas a nuestros hijos”, recordaba recientemente Teresa García-Noblejas, portavoz de la asociación.

En esta misma línea se han mostrado centenares de personas a través del proceso oficial de consulta pública del proyecto de ley, en el que la mayoría de las opiniones eran contrarias a una ley de privilegios LGTBI y defensoras del derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos y a estar informados de las actividades y contenidos impartidos en las aulas. León ya han mostrado su desacuerdo con la introducción de este tipo de leyes en la comunidad. 

Del otro lado, la representante de la Federación regional LGTBI, Amanda Azañón, ha advertido de que a su juicio el proyecto de ley que prepara la Junta es un «texto menguado». La portavoz ha denunciado que se quieren quitar «muchas cosas» a los colectivos, especialmente a las personas trans y en el área de Sanidad. 

A modo de ejemplo, ha asegurado que el texto de la Junta contempla segregar a las personas “trans” en un tercer aseo, «como si fueran un tercer ente», y han acusado a la Junta de querer someter a las personas transexuales y homosexuales a  un «apartheid». Azañón ha criticado que las personas transexuales tengan que pasar por un informe psiquiátrico antes de iniciar el proceso de cambio de identidad. 

Una ley al servicio de la izquierda

Los protocolos de educación afectivo sexual que se están implantando en España, y que la coalición entre PP y Ciudadanos quiere aprobar en Castilla y León, incluye manuales (como el elaborado por el sindicato Comisiones Obreras) pedagógicos que aconsejan a los directores de taller inventarse cualquier modelo de familia, aunque lo desconozcan e interrogar a los niños públicamente  sobre el modelo de pareja que observan en sus padres.

En este tipo de dinámicas infantiles, los profesores se ven obligados a implementar juegos sexuales y el intercambio de roles en función de la exploración de la sexualidad interior. Resulta paradójico que estas leyes fomenten que los niños hablen con extraños de cosas que ni siquiera pueden ver por la televisión bajo la supervisión de sus tutores. 

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