Lápida simulada dedicada a la Educación durante una protesta contra la Ley Celaá frente al Congreso de los Diputados /EFE
Lápida simulada dedicada a la Educación durante una protesta contra la Ley Celaá frente al Congreso de los Diputados /EFE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aborda esta martes las denuncias de diversas entidades y particulares contra la recientemente aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como la Ley Celaá.

Representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Asocaicón de Familias Numerosas de Madrid, la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, la Asociación Católica de Propagandistas o la plataforma «Inclusiva sí, Especial también» comparecen en la tarde el martes para denunciar «la vulneración de derechos y libertades de las famiilas en el ámbito de la educación», «la limitación del derecho de los padres a lelegir el centro educativo para sus hijos en España», o reivindicar «el derecho a la educación de los niños con discapacidad en centros especializados en España».

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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es un organismo que atiende las peticiones que plantean ciudadanos o entidades europeas relacionadas con la aplicación del derecho comunitario, según lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Entre otras, las organizaciones educativas que han sido excluidas del procedimiento parlamentario de la Ley Celaá, señalan que la aprobación de esta norma supone imponer una ley partidista e ideológica que ignora el clamor social por la estabilidad legislativa en este campo a través de un Pacto de Estado por la Educación.

Asímismo, la Ley Celaá vulnera el derecho a la libre elección de centro al eliminar el criterio de demanda social para la programación de puestos escolares, lo que lleva al cierre indiscriminado de unidades concertadas aunque tengan más demanda que las públicas. También se denuncia en este campo la consideración subsidiaria de los centros concertados.

Las entidades denuncian que la LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública” inexistente, eliminando el “derecho a la educación”. Al tiempo, esta norma relega a la irrelevancia académica la enseñanza de la religión, dejándola sin alternativas y sin efectos en la evaluación.

A cambio, se crea una asignatura de Educación en valores cívicos y éticos, qeu a todas luces pretende ser un campo de adoctrinamiento ideológico sobre bases no consensuadas ni compartidas por muchos padres.

La Ley Celaá también es criticada por instaurar la figura del «comisario político» en el Consejo Escolar de los Centros a través de un representante de los ayuntamientos, lo que supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros.

Entre otras deficiencias, las entidades defensoras de la libertad educativa añaden que esta ley insiste en la ausencia de autonomía de los centros haciendo hincapié en la desconfianza, la centralización y el intervencionismo sin margen para los centros.

La LOMLOE prevé también el cierre en el plazo de 10 años de los centros de educación especial, necesarios para muchos alumnos con necesidades especiales y elegidos por miles de padres en España.

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