Caricatura de la ministra de Educación Isabel Celaá, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. /AMB
Caricatura de la ministra de Educación Isabel Celaá, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. /AMB

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles las tres enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Ciudadanos han presentado a la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celaá’, para intentar que el texto fuera devuelto al Gobierno. La norma continuará su tramitación en la Cámara baja.

Las peticiones de PP, Vox y Ciudadanos han contado con el único apoyo de los partidos que las han presentado, además del de los dos diputados de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.

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Durante el debate en el Pleno, Celaá ha advertido que quien rechace su LOMLOE estará «defendiendo el mantenimiento» de la política de recortes en educación puesta en marcha por el PP a través de la actual legislación vigente. Además, ha rechazado las tras enmiendas a la ley, asegurando que «los argumentos que se presentan» en ellas «no responden al contenido de la LOMLOE».

Ciudadanos pide congelar la tramitación para lograr acuerdos

En concreto, la petición de devolución del texto del PP se basa en que la norma «adolece del consenso que los ciudadanos están reclamando» a la clase política en esta materia y señala que el Ejecutivo no ha informado de su contenido, por ejemplo, al Consejo de Estado, algo que siempre se ha llevado a cabo en estos trámites, según explica. Tampoco incluye dentro del marco de acuerdos que pretende impulsar en el Congreso la creación de un Pacto de Estado en esta materia, según denuncia el partido.

Para Vox, la ‘ley Celaá’ es se ha hecho «a espaldas de la institución de la familia», en contra de, derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y sin garantizar la libertad ideológica. Además, quiere eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas y rechaza los argumentos del Gobierno para incluir en el currículim materia de educación en igualdad, transición ecológica o desarrollo sostenible, que considera conceptos «etéreos y abstractos».

Ciudadanos, por su parte, rechaza que Celaá eliminara la demanda social para la educación concertada y que cree que la nueva ley no resuelve el problema de discriminación lingüística que sufren en algunos territorios de España. Aún así, la portavoz naranja de Educación, Marta Martín, ha tendido la mano a Celaá, en su intervención en el Pleno, para lograr acuerdos. En concreto, le ha pedido que «congele los plazos de tramitación de enmiendas parciales» que se inician ahora, hasta lograr con una mayoría «un acuerdo de mínimos».

Sin debate social y limita las libertades

La Plataforma Concertados -que agrupa a las organizaciones educativas CECE, COFAPA, CONCAPA, Escuelas Católicas y los sindicatos FEUSO y FSIE- rechaza la LOMLOE impulsada por Isabel Celaá porque «hurta el debate social para tramitar una nueva ley educativa» que además se ha desarrollado en plena pandemia y en estado de alarma.

En segundo lugar, esta plataforma plantea que el proyecto del Gobierno supone un «retroceso para el sistema educativo», porque supone la vuelta a la LOE de 2006, de la que dan por comprobado su «evidente fracaso educativo que llevó a los alumnos españoles a los más bajos niveles en los indicadores internacionales».

Por último, las estas organizaciones educativas señalan que la Ley Celaá «limita las libertades ciudadanas» ya que «se inventa un derecho a la educación pública como derecho único educativo» e «introduce un comisario político en los consejos escolares», además de limitar la autonomía de los centros, imponer una vuelta a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y relegar la asignatura de Religión entre otros motivos.

Quiere acabar con la educación especial

La Plataforma Especial También también ha criticado en las últimas semanas el contenido del proyecto de ley porque, según denuncian, tienepor objetivo el cierre de los centros de educación especial, esenciales para estos alumnos.

La Disposición Adicional Cuarta del proyecto de ley propone que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones Educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».

Los propios alumnos de estos centros se han dirigido a la ministra Celaá en defensa de sus colegios, tal y como recogió Actuall.

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