Madrid ha blindado la libertad educativa frente a la Ley Celáa
Madrid ha blindado la libertad educativa frente a la Ley Celáa

El Ejecutivo regional busca «garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta la demanda de las familias y el desarrollo integral de los alumnos y, específicamente, de los que presentan necesidades educativas especiales», tras la aprobación de la Ley Celaá, según lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio.

Estas son las diez claves de la contra-ley de Ayuso para la educación valoradas por Ossorio:

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  1. Defender la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. 
  2. Garantizar la igualdad de oportunidades.
  3. Avalar el derecho a recibir las enseñanzas en español, lengua que se mantiene como oficial y vehicular, algo que desaparece en la Ley Celaá. En este sentido, se impulsarán actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas.
  4. Confirmar la pluralidad de la oferta educativa.
  5. Fomentar el esfuerzo y la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos: se premia la excelencia académica, para lo que se realizarán pruebas externas de nivel en los centros educativos que fomenten la calidad. Se apostará por «el esfuerzo y la excelencia» dentro del sistema educativo, frente a promover la titulación y la promoción con suspensos de la LOMLOE de Celaá. 
  6. Se garantiza la educación especial. Se regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Así, se podrá elegir entre ir a un centro ordinario u otro tipo de colegio especial.

El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo “más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno”. De esta manera, «se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal».

La Administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

  1. Se asegura «la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única, una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño». El 95,8% de las familias madrileñas ha obtenido plaza en el colegio elegido como primera opción para escolarizar a sus hijos de 3 años para el próximo curso escolar 2021/22.
  2. Se blinda la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. «Este concepto ha quedado excluido en la nueva Ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación», han remarcado desde el Gobierno regional.
  3. Se mantiene la educación diferenciada en concertados.
  4. Se mantienen los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concertados. 

La ley iniciará ahora su tramitación en el Parlamento madrileño, para ser finalmente votada por el pleno. 

Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo de este próximo curso 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y beneficiará a más de 1,2 millones de estudiantes. 

En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados, según los datos facilicitados por el Ejecutivo regional.

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Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en redacción de noticias, gestión de contenidos informativos, gestión de medios de comunicación, relación con periodistas y comunicación corporativa. La mayor parte de su carrera profesional la ha desarrollado en Europa Press, donde concluyó su etapa profesional como subdirectora de Sociedad. Ha sido profesora colaboradora de la Universidad San Pablo CEU y de la Villanueva. Ha sido directora adjunta de este diario. En la actualidad, colabora con la agencia EFE y las revistas Mundo Cristiano Farmanatur y Mi Herbolario. Es licenciada en Periodismo y doctora en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU y colabora en varias empresas y asociaciones en Comunicación Corporativa.