La Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha rechazo pronunciarse sobre la celebración de un acto en el distrito de Moncloa de la capital que incluía la instalación de un globo aerostático cautivo este lunes 21 de septiembre, alegando que «no es titular de competencia para poder proceder a autorizar la actividad solicitada».
Sin embargo, en marzo de 2019, cuando el Consejo Regional de Transportes estaba en manos del Partido Popular, se autorizó una acción similar a la que iba a tener lugar este lunes «en la condición de cesionario y poseedor de la parcela, cualidades que le corresponden al Consorcio de Transportes».
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Suscríbete ahoraEn aquella ocasión la autorización quedaba condicionada a la que los organizadores dispusieran de los permisos, licencias o autorizaciones de competencia municipal o estatal, que no hubiera pasajeros en la cesta del globo y acreditar la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
Por otro lado, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Madrid, ante la comunicación que se realizó del evento, señala que se trata de una acción no relacionada con la ley orgánica que regula el derecho de reunión y se señala al Ayuntamiento de Madrid como la administración competente para la instalación de elementos físicos en la vía pública, según los documentos a los que ha tenido acceso Actuall.
María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, explica a Actuall su sensación sobre cómo las disputas políticas internas entre los miembros del gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid pasan en ocasiones por encima de los intereses de las familias numerosas: «Nosotros, las familias y nuestra libertad, pagamos y sufrimos las disputas políticas», subraya, tras lamentar que el mismo organismo que autorizó el pasado año la colocación de un globo aerostático junto al Arco de la Victoria (cuyo nombre fue cambiado al de Arco de la Concordia en los últimos años) «es el mismo que nos dice ahora que no puede autorizar lo porque no es su competencia».
Manifiesto por la libertad educativa y la aplicación del PIN Parental
El acto que se pretendía realizar este lunes, organizado por la Federación Madrileña de Familias Numerosas, era la presentación de un manifiesto por la libertad educativa de los padres, bajo el título ‘Familias, libres para educar’, que reivindica que «igual que a los padres se les pregunta con normalidad si desean que sus hijos reciban la asignatura de religión y éstos deciden libremente, pedimos que se aplique el mismo criterio en los contenidos de las actividades complementarias».
Aunque no se cita expresamente, se trata de una petición para que se haga efectivo un mecanismo conocido como PIN Parental y cuya defensa se remonta a la batalla social contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía que se quiso imponer durante los gobiernos de José Luis rodríguez Zapatero.
En el manifiesto se recuerda el derecho y el deber de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, como un derecho anterior al Estado, recogido por la Constitución y refrendado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 74/2018, así como por diferentes tratados e instancias internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París.
Las Familias Numerosas defienden en consecuencia que «el derecho de los padres en relación con la educación de sus hijos resulta indiscutible y el Estado tiene la obligación de respetar sus legítimas opciones ideológicas, filosóficas y religiosas». Por lo tanto, consideran, que «el papel del Estado es, precisamente, el de garantizar que los padres pueden ejercer su derecho y cumplir su deber en relación con la educación de sus hijos, pudiendo elegir el tipo de educación que quieren para éstos, según sus convicciones».
Las familias numerosas defienden asímismo que el Estado «no puede imponer una determinada
educación, estableciendo ciertos contenidos que los padres no consideren adecuados para la
formación y educación de sus hijos, y para los que ni siquiera hayan sido informados».
A su juicio, «negar el consentimiento de los padres es pretender el control ideológico de la escuela», de tal forma que los colegios «se vuelven semilleros ideológicos a espaldas de los padres y se vulnera la confianza que éstos depositaron en el centro escolar donde llevan a sus hijos».
«Las ofertas educativas son muchas y los padres tienen derecho a elegir en libertad e igualdad el centro que consideren mejor para sus hijos. Sin embargo, este derecho queda anulado en parte cuando los centros introducen ciertos contenidos o actividades de las que los padres no han sido informados previamente y pueden ser contrarias a sus convicciones morales», concluyen, antes de reclamar la aplicación del PIN Parental.
