El consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y el Presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig/Fuente: PSPV.

Cada vez han sido más las organizaciones de padres que en los últimos años se han opuesto a la política lingüística que el consejero Vicent Marzà  ha puesto en marcha en la Comunidad Valenciana. Por ello, acaban de unirse en una nueva entidad que prevé diferentes acciones para intentar frenar la aplicación de la Ley de Plurilingüismo.

Así el nuevo altavoz para estos padres valencianos es la  Plataforma por la Libertad Lingüística, que busca plantar cara» al nuevo modelo y hacer un «frente común contra la imposición de lenguas».

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Entre las primeras medidas que quieren llevar a cabo son: crear un modelo de recurso para impugnar proyectos lingüísticos de los centros y presionar al Gobierno para que en la Comisión Bilateral inste a modificar el articulado de la normativa, según informa el diario Las Provincias.

Lo público y lo concertado de la mano

La plataforma está formada por entidades tanto de la pública como de la concertada: Concapa Comunidad Valenciana, la Federación de Apas de Alicante Escuela y Familia, Fcapa Valencia, Concapa Castellón, Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y la Fapa Gabriel Miró, también de Alicante.

El nexo común es, según el comunicado que han emitido, es «la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular» en los estudios de los hijos.

La nueva plataforma considera que la ley azuza a los centros hacia determinada opción lingüística, dando prioridad al valenciano frente al castellano, ya que promueve que se impartan el 50% de las horas de clase en la lengua propia.

Una medida que puede chocar con los intereses de aquellas familias que quieran una educación mayoritariamente en español y no puedan hacerlo por falta de plazas en su zona.

Una iniciativa contra el castellano

En cuanto a la referencia al decreto 9/2017, derogado y anulado parcialmente por el TSJCV, la ley recoge algunos de los artículos eliminados por el tribunal, como la eliminación de la doble línea lingüística o la exigencia, en los centros que ya daban mayoritariamente sus clases en valenciano, de mantener ese porcentaje en la lengua propia. Y, es que, los jueces consideraron que el nuevo escenario carecía de la suficiente oferta formativa en español.

La comisión bilateral ha sido convocada por el Gobierno al sospechar que hay aspectos en la ley de difícil encaje constitucional, aunque la conselleria defiende que la única duda se refiere al artículo 11, el que incluye la idea de promover el 50% del horario lectivo en valenciano. Si las administraciones no alcanzan un acuerdo, el presidente del Gobierno tiene la opción de recurrir al Constitucional y solicitar la suspensión inmediata de la ley.

En cuanto a crear un modelo de recurso individual para que, en la vía administrativa, «las familias afectadas puedan pedir la anulación del proyecto lingüístico de su centro». El documento será accesible en las páginas web de las asociaciones y deberá presentarse en cualquier registro oficial antes del día 30.

HazteOir.org se moviliza para defender el castellano

Por otro lado, la asociación HazteOir.org ha puesto en campaña para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto de Plurilingüismo y regrese la normalidad a los colegios. La alerta puedes verla aquí.

En concreto, las más de 5.000 personas se están dirigiendo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaria, con el siguiente mensaje: «El consejero de Educación Vicent Marzà está obsesionado con imponer el valenciano en los centros educativos aunque ello implique incumplir las sentencias judiciales del TSJ, las medidas cautelares de los tribunales e ignorar los informes del Defensor del Pueblo».

Y añaden: «El español se halla en peligro de extinción en las aulas de la Comunidad Valenciana, y lo que viene es la pesadilla de la inmersión lingüística como base de un proyecto identitario, supremacista y excluyente

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