Imagen corporativa de la plataforma Más Plurales.
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El manifiesto promovido por la plataforma Más Plurales en defensa de la libertad educativa frente a la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, ha superado en apenas unos días los 200.000 apoyos.

El manifiesto, que puede ser suscrito desde los 14 años, señala que la ley Celaá «es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática».

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En su texto introductorio también se denuncia que se trata de una reforma legal «que conduce hacia el dominio sistémico del Estado», reduce «significativamente» el derecho a la libertad de elección de centro, «se inventa un derecho a la educación pública -cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-» de tal forma que la enfrenta a la red concertada, devalúa la asignatura de Religión «aplicando un laicismo impropio» y cuestiona «la supervivencia de los centros de educación especial», entre otros asuntos.

Por ello, se reclama al Gobierno que reconduzca una reforma legal de la que han sido expulsados todos los agentes de la comunidad educativa, a los que ni siquiera se les ha permitido exponer sus aportaciones en la Comisión de Educación del Congreso, con el objetivo de proteger un sistema educativo plural basado en las siguientes premisas:

  • La sociedad española es diversa y democrática. Fundamenta su convivencia sobre los valores de la tolerancia y la participación.
  • La enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo mientras que «la hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario de desigualdad de oportunidades para las familias que desean una enseñanza plural asequible a todos».
  • Es posible la «pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada».
  • El Estado tiene la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos.
  • A través del control político de la educación, se produce una agresión a la libertad de conciencia.
  • La intrusión en la LOMLOE de un concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición.
  • La pluralidad educativa, la libertad de elección de centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desarrollo integral de la persona.
  • La LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones.

Pacto para garantizar en exclusiva las plazas públicas

Algunos de los temores expresados por la plataforma Más Plurales se han ido concretando en el proceso de aprobación de enmiendas. Esta semana PSOE, Podemos y su escisión encabezada por Íñigo Errejón Más País, aprobaron una enmienda transaccional que deja sentado que sólo se garantizará la enseñanza pública, asestando un golpe notable a la concertada que seguramente acabará en los tribunales.

El texto literal de la enmienda señala: «En la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas, en condiciones de igualdad y los derechos individuales de alumnos y alumnas, padres, madres y tutores legales».

Por otro lado, esta semana los partidos que sustentan el gobierno de coalición han negociado con los separatistas catalanes de ERC la posibilidad de que el español deje de utilizarse como lengua vehicular de la enseñanza en las comunidades que así lo decidan.

Esta disposición también será objeto de revisión en los tribunales, dado que hay numerosa jurisprudencia constitucional al respecto. De hecho, el Partido Popular ya ha anunciado que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno impide una concentración ante el Congreso

Por otro lado, la plataforma Más Plurales se ha topado también con el Gobierno en el ámbito de las acciones reivindicativas de su actuación más allá del manifiesto y las declaraciones. en su intención, estaba comenzar este martes con una concentración semanal junto al Congreso de los Diputados.

Así estaba previsto pero, minutos antes de su celebración, la plataforma informó de que la Delegación del Gobierno en Madrid, en manos del secretario general del PSOE en la comunidad José Manuel Franco, había impedido «a última hora» la celebración del acto.

Fuentes de la plataforma han explicado a Actuall que se estaba a ala espera de presentar una nueva notificación de manifestación, pero que «nos ha dado todo tipo de justificaciones desde que no estaba en plazo, la primera vez que la solicitamos la semana pasada, hasta que se denegaba de oficio toda solicitud que se hiciera repetidas veces desde la misma organización, con el mismo contenido y para las mismas fechas».

Desde la plataforma Más Plurales se califica la situación de «batalla burocrática» en la que se va a insistir «hasta que lo consigamos».

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno se han ratificado en afirmar que la negativa a la celebración del acto en las inmediaciones del Congreso se debe en exclusiva a que la comunicación preceptiva se presentó fuera del plazo ordinario (al menos diez días antes) y que, en las actuales circunstancias, la movilización de fuerzas del orden para este tipo de actos necesita de tiempo para poder organizarse. Tampoco se apreció motivo de urgencia, supuesto contemplado en la ley y que elimina el plazo de 10 días antes señalado.

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