La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el Parlamento andaluz / EFE

Primero fue Educación para la Ciudadanía y ahora Memoria Democrática. Los socialistas siguen con su empeño adoctrinador en las escuelas, ya sea para imponer la ideología de género o, como en este último caso, para ‘reescribir’ la historia a su antojo.

La Junta de Andalucía, presidida por Susana Díaz, ha remitido a la Cámara autonómica el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. En él se contemplan todas las actuaciones posibles, desde grandes sanciones económicas hasta el adoctrinamiento en las escuelas. Así, en el artículo 45 se prevé la creación de una asignatura que tendrá carácter obligatorio en la ESO y en Bachillerato. Además, el Ejecutivo andaluz quiere ampliar esta materia a nivel universitario.

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Este viejo deseo del PSOE e IU en Andalucía verá su fin, previsiblemente, en esta legislatura y tiene como objetivo formar “sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil”. De hecho, esta materia impulsada por Susana Díaz abarcará desde la II República a la Transición.

Multas de hasta 150.000 euros

En el anteproyecto se define la “memoria democrática” como “el derecho a conocer la verdad de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, derecho a la justicia y derecho a la reparación, como garantías de no repetición”.

Del mismo modo, los socialistas eliminarán cualquier símbolo que consideren que vulnere esta ley y dan “un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo. A diferencia de la ley estatal, no se considerarán que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura en placas, escudos, inscripciones sobre edificios o lugares históricos”.

Para conseguir este fin han planteado fuertes sanciones. En caso de aprobarse la ley, la Junta podrá imponer una multa que oscila entre 10.001 a los 150.000 euros a los que construyan o remuevan los terrenos “donde haya fosas u otros humanos, excavaciones sin autorización y la destrucción de fosas”. Además, se podrá multar con hasta 10.000 euros a quienes no retiren escudos o placas consideradas franquistas y hasta 2.000 euros a las personas que exhiban elementos o insignias de este tipo.

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