Carlos Álvarez (VidaDigna): “Cualquier paso hacia la eutanasia es un paso contra la muerte digna”

El Congreso abre la puerta a la despenalización de la eutanasia. El portavoz de Vida Digna, Carlos Álvarez analiza el estado de la cuestión en España. Este debate está "sacando a la luz cómo se muere en España y abrir este debate es bueno", explica Álvarez.

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Carlos Álvarez, jurista, lleva años estudiando en profundidad el contenido de las leyes proeutanásicas que se han presentado en los diferentes parlamentos. Como miembro de la plataforma Vida Digna, habla con Actuall para advertir y desenmascarar la eutanasia en las leyes autonómicas y en los proyectos de leyes nacionales que están actualmente en proceso parlamentario en España, así como de los peligros y repercusiones en la jurisprudencia internacional en casos como el de la eutanasia aplicada a niños.

Nueve autonomías ya tienen una ley en vigor sobre los “derechos del paciente al final de la vida”, y otras dos cuentan con un proyecto de ley. Además, actualmente en el Parlamento de España están en trámite la proposición de ley de Ciudadanos y la del PSOE.

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Este mismo martes, en el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios han adelantado sus posiciones sobre la propuesta del Parlamento de Cataluña por la que se pretende despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia.

Pese a los votos en contra del UPN y PP, la abstención de Ciudadanos abre la puerta a que se avance en la idea de eliminar el reproche penal a quien ayude a otro a quitarse la vida o practique la eutanasia.

Empezando a hablar por las leyes autonómicas, ¿cuál es el mayor peligro para el derecho a la vida que encierran?

El problema de estas leyes autonómicas es que en su articulado no admiten menciones a favor de la eutanasia, lo que hacen es permitir prácticas que mal utilizadas pueden llevar a una eutanasia. La más clara de ellas es el derecho a la sedación.

¿De qué clase de sedación estamos hablando?

La sedación es un tratamiento paliativo. La sedación es cuando hay que aplicarla cuando un paciente tiene síntomas que son refractarios. Es decir, imaginemos un paciente que tiene, por ejemplo, ¿un dolor? tan terrible que no desaparece ni tan siquiera con la administración de los fármacos los opioides, o los derivados de la morfina. ¿Qué se hace con este paciente? Bueno, a través de una unidad de paliativos, le van sedando, es decir, le van durmiendo. Esto es un proceso largo hasta que el paciente dice: ‘Ya no tengo más dolor’. La idea es conservarle la consciencia el máximo posible y el máximo tiempo posible. Es importantísimo el que un paciente pueda estar consciente al final de su vida porque puede tomar decisiones, reconciliarse con sus seres queridos. Todo esto, las unidades de paliativistas lo manejan muy bien.

Bien, ¿qué ocurre? lo que plantean muchas leyes de estas es un derecho a la sedación. El paciente le diría al médico, o los allegados del paciente le dirían al médico: ‘Sédelo, pero sédelo hasta morir’. Y eso es un sedación terminal, no una sedación paliativa. Esto sería una eutanasia encubierta. Este peligro está en todas las leyes, incluida en la ley de Madrid.

¿La ley de Madrid sería quizá algo mejor que las del resto de autonomías, en cuanto a la defensa de la vida en su fase final?

La ley de Madrid desarrolla aspectos de derechos del paciente ya recogidos en una ley nacional, y en ese sentido ha desarrollado un trabajo de profundización a través de las comisiones de cuidados paliativos, que han sido escuchadas.

La ley de Madrid es una de las últimas leyes que se han aprobado y es importante decir que en ésta, y en otras sucesivas, ha habido algunas mejoras respecto de las más antiguas. Por ejemplo, se hace una referencia al tema de los cuidados paliativos mucho más real. Es verdad que está aumentando significativamente el interés de los partidos por esta materia, por la mal llamada ‘muerte digna’: eutanasia. Pero esto, también, está sacando a la luz cómo se muere en España, y abrir este debate es bueno. La ley de Madrid sí contempla un derecho a los cuidados paliativos.

“Tenemos dos víctimas totalmente contrastadas que podemos afirmar que han muerto por eutanasia, por la acción directa del sistema sanitario para provocar esa muerte, no para curarlas”

¿Y cual es la situación de la eutanasia a nivel nacional?

A nivel nacional sabemos que en el Gobierno de Zapatero se presentó una ley que pretendía despenalizar la eutanasia que no llegó a votarse parlamentariamente porque se terminó su mandato. Podemos ha presentado una ley orgánica, que requiere de una mayoría absoluta en el Parlamento porque trabaja sobre derechos fundamentales en la Constitución. Lo que pretendía esta ley de Podemos es despenalizar la eutanasia. Sacar la eutanasia del Código Penal.

¿Por qué?

Ahora mismo el que ayuda a morir a otro a petición de otro está cometiendo un delito. Cualquier ley en España que conlleve delitos o penas tiene que ser tramitada a través del procedimiento de la ley orgánica, que es más garantista. Pues Podemos quería cambiar el Código Penal, despenalizar la eutanasia absolutamente. La propuesta de ley de Podemos fue rechazada por las Cortes, pero existen otros dos proyectos. El proyecto que llamaremos ley de Ciudadanos, al que se han presentado diversas enmiendas y en este momento está pendiente de un dictamen de la Comisión de Sanidad del Congreso. Una vez que haya este dictamen que se da en cualquier ley que pueda tener influencia sobre aspectos fundamentales, como puede ser el derecho a la Sanidad, entonces, es necesario que se haga un estudio previo por parte de una Comisión Parlamentaria del impacto que puede tener. Y en este caso, está en ese momento. Y también está el del Partido Socialista, que ha presentado su propia propuesta de ley, pendiente de tramitación. Se presentó el 14 de febrero del año 2017 y pretende elevar las leyes autonómicas a rango nacional. Es muy parecida a las que hay en las autonomías, una ley de derechos y garantías del final del paciente que hace mucha incidencia en la autonomía de la voluntad del paciente y que tampoco plantea la eutanasia como un derecho.

Pero, entonces, ¿dónde está el peligro?

La confusión que generan las leyes autonómicas y que nosotros sospechamos que el PSOE pretende llevarlo a categoría nacional es cuando mezclamos medidas ordinarias y medidas extraordinarias. Voy a poner un ejemplo sencillo: Imaginemos que hay una persona mayor que está ya muy enferma y probablemente esté al final de su vida y sufre una infección. Esa infección hay que tratarla con antibióticos; es un tratamiento. Eso es una medida ordinaria. En principio, no se podría pedir la retirada del tratamiento. Pero si el paciente no quiere tener tratamiento y prefiere morirse en paz, podría hacerlo. Ahora, las medidas fundamentales, las medidas ordinarias, son la alimentación, la nutrición y el aire. Evidentemente, si pedimos que a una persona se le retire el aire se muere. ¿Qué hacen las leyes autonómicas y qué no hace bien el proyecto de ley socialista? Distinguir bien entre medidas ordinarias y medias extraordinarias de soporte vital.

“Luis Montes fue un mal director del servicio de Urgencias porque en el momento en el que él sale de allí, y se saca también a su equipo, las muertes descienden radicalmente”

¿Qué consecuencias están teniendo las leyes autonómicas hasta el momento?

Un efecto que han tenido las leyes autonómicas hasta el momento es oficialmente la producción de dos muertes. La aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de  Andalucía provocó la muerte a Ramona Estévez. El modo que tuvo de morir: sus parientes solicitaron que se le quitara la sonda nasogástrica a través de la cual se alimentaba. Bueno, después de un procedimiento, porque en principio el hospital se negó. Luego fue obligado por la consejera de Sanidad y le quitaron la sonda y después de veinte días murió. Murió de hambre y de sed. Y también en Galicia, que también hay una ley de Derechos y Garantías, teníamos el caso de la niña Andrea, a quien también se solicitó la aplicación, y que también murió. Es decir, ya tenemos dos víctimas totalmente contrastadas que podemos afirmar que han muerto por eutanasia, por la acción directa del sistema sanitario para provocar esa muerte, no para curarlas de acuerdo con las leyes autonómicas. Estas dos son oficiales aunque puede haber más.

El presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes /Twitter
El presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes /Twitter

¿Y se están aplicando sedaciones terminales de manera irregular?

Bueno, es un tema complicado porque cuando nosotros, por ejemplo, en la asociación de Vida Digna hemos tenido noticias de esto y hemos acudido a denunciar porque son prácticas que se sospecha, se dice, se rumorea,… normalmente nuestras denuncias no son admitidas porque no somos parientes de la persona.

El doctor Montes de lo que fue acusado, precisamente, es de hacer de sedaciones irregulares, es decir, convertir una sedación paliativa en una sedación terminal. No era experto en cuidados paliativos, era un médico de Urgencias. Entonces su trabajo de médico era estabilizar al paciente y, una vez estabilizado, que se ocuparan de él los que tuvieran que ocuparse: los cardiólogos o quien fuera preciso. A él se le acusó, aunque luego quedó archivada la acusación, de 15 casos de una sedación negligente que no fueron demostradas. Nosotros podemos afirmar que él fue un mal director del servicio de Urgencias porque en el momento en el que él sale de allí, y se saca también a su equipo, las muertes descienden radicalmente. Se sospecha que él pudo tener que ver con esto, pero nunca ha sido probado.

Recientemente, ha tenido mucha repercusión mediática el caso de Alfie Evans. ¿Qué se puede decir desde el derecho?

La situación de Alfie Evans es un tema muy complicado y muy duro. La realidad es compleja, pero, tenemos a un niño que tiene una enfermedad, una enfermedad que no ha sido diagnosticada o al menos nosotros no conocemos cuál es el diagnóstico porque no se ha publicado. El niño no estaba en el proceso de la muerte. Entonces, un juez, a instancias del hospital, pide que a ese niño se le quite el respirador artificial, osea una medida de soporte vital esencial para que muera. La familia se niega y recurre la sentencia, y los tribunales ingleses no le dan la razón a la familia, que acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya función esencial es velar precisamente por los derechos -en su artículo 2 se reconoce su derecho a la vida, como no puede ser de otra manera-. El tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra al fondo de la cuestión, lo que viene a decir es: respetamos los mecanismos legales que existen en Inglaterra y se inhiben, Con lo cual, les dejan indefensos. Es un tema complicado el caso de Alfie Evans porque también en un momento dado se dice: bueno, pues si mi hijo tiene que morir, me lo voy a llevar a morir a casa. A ver, evidentemente, no se puede privar de movilidad a un padre ni a una madre ni a un hijo cuando no hay un motivo justificado, por ejemplo, una condena penal. Esto es un caso notable; había Policía para que no pudiesen llevarse al niño.

“¿Quién puede decir que una vida es digna y no merece ser vivida? ¿Vamos a otorgar ese poder a los médicos?”

En Reino Unido ya teníamos también el precedente de Charlie Gard.

Sí, y el de Alfie provoca otro precedente peligrosísimo. La próxima vez que un servicio médico inglés considere que hay un niño que está sufriendo mucho y que lo que le conviene es la muerte y lo lleve a los tribunales, los jueces ingleses se apoyan mucho más en precedentes que en la ley. Su derecho no viene del Derecho Romano como el nuestro. Entonces, es muy difícil que haya un juez ahora que diga si se plantea el caso: “No. Vamos a dejarlo a la voluntad de los padres”. Y la realidad es que el niño no estaba siquiera en el proceso de la muerte, en lo que diríamos la agonía.

Y el juez les quitó la patria potestad…

Sí, les ha quitado la patria potestad de modo directo, puesto que decide por ellos cuestiones que atañen a su hijo. Esto es un atentado contra la libertad gravísimo. En este caso lo que están imponiendo es el criterio de un comité de médicos, más un comité ético del hospital, de que la vida del niño no es digna y no merece ser vivida. Y eso es un juicio de intenciones muy peligroso que trasciende lo médico. Porque, ¿quién puede decir que una vida es digna y no merece ser vivida? ¿Vamos a otorgar ese poder a los médicos?

Todo esto puede provocar a corto plazo una desconfianza en los hospitales…

Sí, claro, y también una de las principales consecuencias que provocan las leyes de eutanasia o de suicidio asistido es la desconfianza en el sistema sanitario. Cualquier paso que se da en dirección a la eutanasia es un paso que se está dando en contra de la muerte digna. La auténtica muerte digna es que uno muere sin dolor, rodeado por los seres queridos, asistido médicamente, socialmente y espiritualmente del modo en que uno desee, sea del credo que sea.

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Licenciada en Ciencias de la Información, Rama de Publicidad y Relaciones Públicas, en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Periodismo de Radio, también en la UCM. He trabajado en prensa digital, en Radio Nacional de España y en productoras de televisión. Madre de familia numerosa. Tomando conciencia de la inmensa batalla en la que estamos inmersos entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte.