Imagen genérica de una juez española.
Imagen genérica de una juez española.

El presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial han recibido una queja formal firmada por 15 entidades cívicas y ocho personas a título individual contra la titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez Alonso, porque, según alegan, su desempeño profesional habitual supone “una clarísima violación de la tutela judicial efectiva, dejando en la más absoluta indefensión a los progenitores y a sus hijos”.

Según detallan los firmantes, no pretenden “influir o inmiscuirnos en la necesaria independencia del Poder Judicial”, pero reclaman de su máximo órgano de gobierno que que no permanezca “impasible anmte las continuas quejas y denuncias frente a esta magistrada”.

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Tal y como expresan en el escrito de queja presentado en el registro del Consejo General del Poder Judicial el pasado 11 de mayo, “con carácter general, el J28 viola con demasiada frecuencia la tutela judicial efectiva de los progenitores, sus hijos y sus familias”. Esta situación, supone “una costante indefensión de los justiciables”.

En concreto, se citan casos en los que, supuestamente, la magistrada Sánchez Alonso habría incurrido en irregularidades que afectan gravemente a las personas incursas en procesos de separación y divorcio, con decisiones anejas sobre la custodia compartida o el régimen de visitas de los progenitores.

Reclaman que Emilia Marta Sánchez se apartada “para que no se perpetúen estas prácticas abusivas en contra de los derechos de los ciudadanos”

Así, se señalan dilaciones indebidas como la tardanza de 855 días (dos años y cuatro meses) en dictar una sentencia sobre una modificación de medidas sobre el régimen de visitas.

Además, se señala a la magistrada como culpable de “permitir romper las relaciones paterno filiales y materno filiales“, retirando la custodia a un padre pese a reconocer que “ambos progenitores tuvieron mucha implicación en el cuidado del hijo en común”. En este mismo apartado, otro de los firmantes alega que en un proceso de divorcio se le retiró la patria potestad “con informes falsos del equipo psicosocial adscrito a ese Juzgado”.

Entre las quejas contra la titular del Juzgado 28 de Madrid también se encuentran acusaciones de “negarse a tener en consideración las pruebas aportadas“, como una declaración de concurso de acreedores paerticular voluntario, pese a lo que se mantiene una pensión de alimentos de unos 750€ al mes.

En otro orden de cosas, se señalan deficiencias como la existencia de sentencias sin indicaciones sobre la posibilidad de recurrir o sus plazos, o “ningunear de forma sistemática la existencia y necesidades de nuevos hijos (…) por priorizar el nive de vida de la exesposa frente a necesidades básicas de los menores fruto de los segundos matrimonios”, entre otras.

Dicho lo cual, se solicita al Consejo General del Poder Judicial que si la magistrada no rectifica las situaciones planteadas, sea sancionada “apartándola de la carrera judicial para que no se perpetúen estas prácticas abusivas en contra de los derechos de los ciudadanos”.

Entre las asociaciones que acompañan las quejas de ocho ciudadanos individuales se encuentran: Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción; Custodia Compartida por Nuestros Hijos; Asociación Segundas Mujeres e Hijos por la Igualdad; ADVIGEN; AMYHIR; ADVIGEN Murcia y la Oficina del Defensor del Hombre y sus hijos.

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