1 de cada 3 familias numerosas tiene dificultades para llegar a fin de mes.
1 de cada 3 familias numerosas tiene dificultades para llegar a fin de mes.

La Junta de Andalucía ha retirado el recurso que había presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que avalaba la permanencia de la categoría especial de una familia de cuatro hijos cuyo primogénito había cumplido los 25 años.

De esta manera, las familias numerosas de categoría especial en Andalucía, mantendrán el acceso a todos los beneficios estipulados, que la anterior administración pretendía arrebatarles sin base legal alguna.

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La Federación Andaluza de Familias Numerosas acoge “con gran alegría la noticia de retirada del recurso, después de meses peleando por este asunto”, según se recoge en un comunicado.

La decisión se produce después de que representantes de esta entidad se reunieran con la secretaria general de Familia, Ana Mata, “que ha entendido que la reclamación de las familias es justa y coherente con el espíritu de la ley de familias numerosas, que en su última reforma perseguía evitar las discriminaciones entre hermanos”.

Más de 12.000 familias de las más de 131.000 numerosas que viven en Andalucía se beneficiarán de la resolución.

Una batalla de casi cinco años

La polémica se remonta al año 2015, cuando el Gobierno aprobó la disposición final 5ª de la Ley de Infancia, que establece que la condición de familia numerosa se mantenga hasta que el último de los hijos cumpla la edad legal establecida, cuyo límite se fija en el cumplimiento de los 21 años por norma general, o hasta los 26 si sigue estudiando.

Ante esta decisión, las Administraciones autonómicas interpretaron que no sepodía modificar la condición de famiila numerosa, pero sí su categoría, con lo que las que por derecho obtenían el título de familia numeorsa especial veían reducidos sus beneficios a los correspondientes a la categoría general.

También han obtenido respaldo de los tribunales en este sentido las familias numerosas que residen en Madrid, a través de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia que deja sin efecto la resolución del 3 de junio de 2016 del la Dirección General de Familia de la Comunidad de Madrid.

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