João Lourenço, presidente de Angola.
João Lourenço, presidente de Angola.

El Parlamento de Angola ha aprobado el primer Código Penal desde su independencia en 1975, introduciendo dos elementos que desprotegen la naturaleza del matrimonio y la vida humana.

Así, las penas previstas en el anterior código, que data de 1886, relativa a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo han quedado abolidas, de tal forma que los llamados “actos contra natura” no serán castigados con condenas de entre 6 meses y 3 años de reclusión.

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Los debates para llegar a esta determinación han durado 10 años.

Por otro lado, también se ha despenalizado el aborto bajo la condición de peligro para la vida o la salud de la madre o el bebé y en casos de violación.

Ambas medidas suelen ser condiciones impuestas por los organismos internacionales a países en vías de desarrollo, para habilitar líneas de crédito que tienen por objetivo mejorar las condiciones de vida en aspectos básicos como la educación, el acceso a agua potable, alimentación o infraestructuras.

Esta presión por parte de la ONU y otros entes supranacionales no es una cuestión oculta. La propia directora ejecutiva adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), Kate Gilmore, reconoció en 2016 que, desde la implantación en 2008 del Examen Periódico Universal (al que se deben someter todos los países de las Naciones Unidad cada cierto tiempo) ha servido para avanzar en la imposición de la cultura de la muerte: aborto, eutanasia, ideología de género, desnaturalización de la familia y el matrimonio, etc.

Angola fue uno de los países que fue sometido a este escrutinio entre los años 2012 y 2014 y como la mayoría de ellos, parece haber aceptado las indicaciones que van en detrimento de la protección de la vida humana y la famiila.

 

 

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