La bandera del 'Orgullo gay' ondea en la casa presidencial de Costa RicaLa bandera del 'Orgullo gay' ondea en la casa presidencial de Costa Rica
La bandera del 'Orgullo gay' ondea en la casa presidencial de Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica ha desarrollado una estrategia diplomática a través de la Corte Interamericana de Derechos humanos para impulsa la equiparación del matrimonio a las uniones homosexuales y un sistema no judicial de cambio de nombre para transexuales.

Para ello, el gabinete presidido por Luis Guillermo Solís, a través de su vicepresidenta Ana Helena Chacón Echeverría, ha activado una «solicitud de opinión consultiva» ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre estas dos cuestiones.

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En concreto, pregunta si a la luz del principio de no discriminación e igualdad jurídica, hay que arbitrar un mecanismo administrativo «gratuito, rápido y accesible» para el cambio de nombre por «orientación de género».

Lo que Costa Rica  pretende es que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien apruebe el mal llamado «matrimonio» homosexual y la ideología de género

Del mismo modo, se cuestiona si el Estado debe garantizar derechos patrimoniales de las uniones del mismo sexo y, en caso afirmativo, si eso exige regular una figura jurídica.

Al fin y a la postre, lo que Costa Rica pretende es que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien apruebe el mal llamado «matrimonio» homosexual y la ideología de género.

Poder vinculante de las resoluciones de la Corte

El riesgo estriba en que, aunque técnicamente la resolución sólo tiene valor obligatorio para el país afectado, para el resto «deber servir de guía» y «constituyen una imprescindible pauta de interpretación».

Las consultas de la Corte -como es el caso- no son vinculantes ni coercitivas, porque tienen un valor de asesoría, no jurisdiccional (no son sentencias). Sin embargo los distintos Estados terminan acatándolas.

Reacción de la sociedad civil

La Corte ha abierto un periodo de consultas hasta el próximo 14 de febrero que han aprovechado más de 30 organizaciones de los países de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para destapar la maniobra del gobierno de San José.

A través de una campaña conjunta articulada en la plataforma CitizenGO, se explica a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por qué no deberían ser atendidas las argumentaciones del gobierno de Costa Rica.

Señalan, entre otras cuestiones, que el hecho de que no quepa «la discriminación laboral, política o económica del colectivo LGTB» y tampoco los «ataques ilegales a su honra o reputación», eso no significa «garantizar el cambio de nombre y menos sin un proceso judicial».

Por otro lado, argumentan respecto a los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, que «nada impide que los regulen frente a notario. Pero pretender una regulación específica equivaldría a su equiparación con el matrimonio«.

«Negar el matrimonio o el pseudo-matrimonio a las parejas del mismo sexo no es discriminatorio, sino justo», sostienen las organizaciones contraria a Costa Rica

Matrimonio y uniones homosexuales

Las asociaciones que se oponen a la maniobra del Gobierno de Costa Rica explican a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos los motivos por los que el matrimonio debe estar protegido jurídicamente de forma especial e individualizada:

«El matrimonio es una figura jurídica que recibe protección por parte de la sociedad porque produce un bien para el conjunto de la sociedad: garantiza el relevo generacional y la incorporación social de la descendencia«.

Y añaden: «Estos bienes, por naturaleza, son inexistentes en las parejas del mismo sexo«.

Por tanto, esta alianza de organizaciones sostiene que «negar el matrimonio o el pseudo-matrimonio a las parejas del mismo sexo no es discriminatorio, sino justo».

Entre las más de 30 organizaciones que se han movilizado se encuentran Asociación la Familia Importa (Guatemala), Voto Católico El Salvador, Frente Nacional por la Familia (México), Asociación nicaragüense por la Vida, Comité Profamilia (Bolivia), Ciudadanos por la Familia (Venezuela), Argentinos Alerta, Fundacion Vida y Familia (Panamá), Red Vida y Familia (Ecuador), Associaçao Filhos da Luz (Brasil), Red Provida (Honduras), Population Research Institute (Perú) y Asociación de Médicos por los Derechos Humanos (Guatemala).

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