Los ancianos desahuciados no saben dónde ir; hay mucha tensión e inquietud
Los ancianos desahuciados no saben dónde ir; hay mucha tensión e inquietud

La situación en la residencia de Ballesol 60 es caótica desde que el pasado 26 de abril el consejero delegado de Ballesol, José Ignacio Vivas, remitiera una carta a los residentes del centro de Ballesol en Pozuelo de Alarcón (Madrid) anunciado el cierre del centro el 30 de junio próximo aunque desde el 15 de junio dejarán de prestar sus servicios.

Desde entonces los residentes de los apartamentos de mayores tutelados están muy nerviosos. En los lugares comunes se escuchan gritos y acusaciones cruzadas. Los familiares tratan de buscar una alternativa con urgencia. Pero el tiempo es corto. Y para los mayores es una incertidumbre difícilmente soportable a su edad.

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La razón esgrimida por Vivas es que han tratado de alcanzar un acuerdo con los propietarios de los apartamentos pero que al no haber llegado a un acuerdo se ven impedidos a seguir con la actividad porque -argumenta- la administración les impide mantener la actividad sin utilizar la totalidad del inmueble. ¿Las licencias dependen del nivel de ocupación o es la rentabilidad la que depende del nivel de ocupación?

El origen del conflicto se remonta a 2021. Ballesol remite una carta a los propietarios de los apartamentos planteando un recorte del 32% de la renta como consecuencia de las supuestas pérdidas ocasionadas por la pandemia. Algunos propietarios aceptan pero otros se organizan, se niegan a aceptar las nuevas condiciones y reclaman una junta de propietarios.

Ballesol se niega a convocar la junta de propietarios y se niega también a negociar con los propietarios con los que firmó un contrato de arrendamiento de industria por el que establecía un período de vigencia de 20 años con una renta actualizada al IPC y que a los 10 años el arrendador -es decir, el propietario- podía elegir entre mantener el IPC o el 7% del valor del inmueble.

Pasados los 20 años el arrendador de nuevo podía decidir o actualizar conforme al IPC o cobrar el 7% del valor del apartamento. Los 20 años se cumplieron en el 2020 sin que Ballesol tomara ninguna decisión por lo que cabe entender que se prorrogó tácitamente 10 años más con actualización del IPC.

Pero Ballesol alega que la pandemia le ha provocado pérdidas y que necesita revisar el contrato. La realidad es que aunque muchos residentes se fueron a las casas de los familiares durante la pandemia, la familia siguió pagando la cuota mensual para mantener la plaza. Además, muchos de los trabajadores se fueron al ERTE durante el confinamiento por lo que el impacto económico de la crisis del covid19 fue nulo.

Aún así y ante la negativa de algunos propietarios de aceptar las nuevas condiciones, Ballesol decide dejar de pagar las rentas de los alquileres. Y es entonces cuando varios propietarios presentan una demanda al juzgado nº 1 de Pozuelo.

Ballesol alega en su respuesta a la cláusula «rebus sic stanctibus»: cumplo siempre que las condiciones no cambien. Es verdad, resuelve la juez, que las condiciones cambiaron de manera no prevista. Pero no es verdad que se produjera daño sobre la empresa. Y desde luego reclamar un recorte del 32% para 10 años no resultaba proporcional. «La buena fe brilló por su ausencia», concluye la sentencia que añade que Ballesol pretendió una «medida estructural» para incrementar los beneficios previos a la pandemia.

Además, la sentencia afea la falta de buena fe de Ballesol al no convocar la Junta de Propietarios como estaba obligada. Así que condena al pago de las rentas impagadas más intereses.

Ballesol acata la sentencia pero responde ofertando a los propietarios la recompra de su inmueble al precio de adquisición de hace 24 años. «Una oferta ridícula cuando el precio de mercado más que duplica el valor», señala a este diario los propietarios. Ante la negativa la compañía ha decidido desahuciar a todos los residentes. «Esto ya no es una controversia mercantil; esto es un problema social grave. Porque se están utilizando a los ancianos para negociar condiciones absolutamente abusivas», señalan los propietarios.

Probablemente desde Ballesol piensen lo que contestaron en la demanda: estaban remunerando al 7% cuando el estandard en el sector esté en el 4 ó 5% y además los propietarios han recuperado su inversión en los 20 años de vigencia del contrato. Nos habría gustado confirmar si esta es la posición de la empresa pero lamentablemente Ballesol no ha querido atender a nuestras preguntas sino filtrar a un medio local su versión oficial: que la culpa es de los propietarios y que los ancianos están reubicados.

El mismo periódico local se pregunta qué está haciendo el Ayuntamiento ante esta crisis. Les respondemos: llamaron a la dirección del centro interesándose por el asunto, la dirección les dijo que todo estaba controlado y que habían alcanzado un acuerdo con todos los propietarios excepto 5. ¡Falso! Los propietarios con los que no se alcanzó el acuerdo eran 15 y ahora son 23. Y no todo está planificado: hay muchos ancianos sin reubicar.

Actuall ha tratado de contactar con Ballesol para conocer la versión sin obtener respuesta. Nos habría gustado conocer la opinión del consejero delegado José Ignacio Vivas o del director general de Gestión de Inmuebles, Carlos Ignacio Lera o del director de la asesoría jurídica, Mariano López de Ayala. No ha sido posible.

También hemos intentado hablar con Seguros Santalucía, propietarios del 75% de Ballesol, para saber si conocían este conflicto y si avalaban la actuación de Ballesol. Quizás no porque dos consejeros de Ballesol provenientes de Santalucía y familiares de los dueños abandonaron sorpresivamente el consejo en junio de 2020.

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Soy economista de profesión y periodista de vocación. Como decía José Ignacio Rivero, director del Diario de la Marina, decano de la prensa de Cuba (otros tiempos), "el periodismo es en lo externo una profesión y en lo interno un sacerdocio". Colaboro en diversos medios y soy editor de campañas de CitizenGO.