La eurodiputada ecologista Heidi Hautala y el presidente de CitizenGo, Ignacio Arsuaga / Actuall

El mundo al revés. Quienes defienden la familia y la vida, es decir los valores que durante casi dos mil años han hecho posible la civilización occidental y la propia Unión Europea, son ahora los enemigos públicos.

Y desde donde se lanza esa acusación es nada menos que desde el Parlamento Europeo. Eso es, al menos, lo que pretende una eurodiputada en un informe donde señala con el dedo a quienes defienden esos valores y se oponen a la cultura de la muerte (que ella llama eufemísticamente derechos reproductivos de la mujer).

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En la lista negra de esta peculiar caza de brujas está en primer lugar el Vaticano (¿?), y después 500 movimientos pro-vida y pro-familia de 30 países de Europa. Desde Mum, Dad and Kids hasta One of us, y líderes que luchan por esas causas como Sophia Kuby, Gregor Puppinck, o los españoles Mayor Oreja e Ignacio Arsuaga.

La consultora jurídica y política polaca, Elena Zacharenko, ha elaborado un informe encargado por la eurodiputada ecologista finlandesa Heidi Hautala en el que señala a diversas asociaciones provida europeas a las que denomina “anti-choice” (anti-elección) y que, en su opinión, han comenzado a organizarse “para oponerse a la salud sexual y los derechos reproductivos”.

Precisamente el informe se titula “Estudio para los responsables políticos sobre la oposición a la salud sexual y los derechos reproductivos en Europa” y alerta de que estos grupos provida -aunque en ningún momento empleen el término- son capaces de liderar movilizaciones a las que acuden “decenas de miles de seguidores” llegando incluso a influir en las políticas de la propia Unión Europea.

Contra el Vaticano

Según recoge el estudio de Zacharenko, “existen vínculos claros entre los actores anti-elección en cada país, tanto a nivel europeo como internacional, como lo demuestra el uso de tácticas y argumentos similares dentro de estos diferentes entornos”. 

En total, el informe asegura que hay cerca de 500 movimientos y organizaciones anti-elección en más de 30 países de Europa.

El Papa Francisco durante la JMJ
El Papa Francisco durante la JMJ / EFE

La primera organización ‘enemiga’ señalada en el informe -y calificada como el ente de oposición más influyente- es el Vaticano.

El estudio alerta de que la jerarquía católica presenta a la familia “como una unidad básica de la sociedad” e incluso se atreve a hablar sin rubor alguno de que la libertad de expresión protege “el discurso homofóbico”. Es decir, insinúa abiertamente que esta libertad no debe amparar los postulados provida.

Una multitud de voces

Para la autora del informe es todo un problema que la visión cristiana pueda ser defendida gracias a la libertad de expresión.

Así presenta el punto de vista cristiano: “El derecho a la vida implica protección desde el momento de la concepción. Además, se considera que la libertad religiosa y la libertad de expresión protegen el discurso religioso homofóbico, la discriminación religiosa arraigada y la objeción de conciencia por parte de los profesionales en contra del aborto”.

Sostiene que “a menudo estas organizaciones emplean la táctica de establecer entidades aparentemente nuevas, que unen a individuos ya activos en organizaciones anti-elección existentes, creando así una impresión de una multitud de voces que apoyan la causa”.

Acusa a La Alianza en la Defensa de la Libertad, dirigida por  la alemana Sophia Kuby,  de “utilizar litigios judiciales para defender la libertad religiosa, la santidad de la vida, el matrimonio y la familia”

Una de estas organizaciones señaladas en la caza de brujas es Alianza en la Defensa de la Libertad (ADF). La autora le acusa de utilizar litigios judiciales para “defender la libertad religiosa, la santidad de la vida, el matrimonio y la familia”.

La directora en Europa de ADF Internacional, Sophia Kuby, es una de las personas que aparecen mencionadas en el informe. Kuby, que opera desde Bruselas, pertenece además al consejo de otra “organización anti-elección” (aborto), European Dignity Watch.

Sophia Kuby
La directora en Europa de ADF Internacional, Sophia Kuby / Listal.com

Sobre esta última apuntan que es un observatorio que “se dedica al análisis de políticas, a ejercer presión sobre legislaciones que van contra la discriminación, así como cuestiones bio-éticas de una lucha contra la discriminación”.

Aborto y adolescentes embarazadas

Otro de los señalados es Roger Kiska, asesor jurídico de ADF y miembro del Comité de la Iniciativa Ciudadana provida Mum, Dad and Kids. El informe tacha a tal organización de ser “anti LGTB”.

El estudio recuerda que ADF International estuvo al frente de #DefundIPPF, una campaña contra la multinacional del aborto Planned Parenthood. ADF es acusada de ejecutar tal campaña de la mano del Grupo de Trabajo del Partido Popular Europeo sobre Bioética y

Dignidad Humana, “un evento creado en el parlamento europeo en octubre de 2015 diseñado para calumniar a Planned Parenthood”.

La asociación francesa Alliance Vita y su fundadora Christine Boutin, del partido de inspiración cristiana Force Vie, tampoco se libran de las acusaciones de Elena Zacharenko. La organización gala fue fundada en 1993 gracias al auge de este partido contrario al matrimonio gay. El informe les acusa de engañar “al presentar propaganda antiaborto como ‘asesoramiento’ a adolescentes embarazadas”.

Gregor Puppinck, presidente del Centro Europeo para la Ley y la Justicia / ECLJ
Gregor Puppinck, presidente del Centro Europeo para la Ley y la Justicia / ECLJ

El siguiente en la lista negra es la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa. El informe lo califica de “grupo de presión conservador y una organización paraguas que actúa en el Consejo de Europa”. El estudio recuerda que se trata de una organización de ideas afines a European Dignity Watch.

Tampoco se salva de estar en el punto de mira la Federación Pro Europea Cristiana, organización que, según el informe, surge de “un movimiento ultraconservador” llamado Tradición, Familia, Propiedad, cuyos miembros -señala el estudio- “piden una cruzada en el siglo XXI para llevar a cabo una revolución cristiana”.

El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja / EFE
El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja / EFE

La siguiente en la lista negra es One of Us. La entidad, calificada “anti-elección” (esto es anti-aborto), es el resultado de una multitud de organizaciones provida que en 2012 decidieron unirse para pedir que la UE deje de financiar actividades que supongan la destrucción de embriones humanos. De esta forma, la autora centra el tiro contra los impulsores de la iniciativa provida y profamilia.

El principal es su presidente, el francés Patrick Gregor Puppinck, director del Centro Europeo de Derecho y Justicia. También aparecen en el informe destacadas figuras políticas que han participado en alguno de los foros organizados por One of Us.

Es el caso de la ministra de Familia de Hungría, Katalin Novak, el ex ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja o el ministro de Asuntos Europeos polaco, Konrad Szymanski.

 

La lista negra incluye a HazteOir.org por las campañas para promover una agenda cristiana y en contra del aborto

 

Asímismo el informe de Hautala y Zacharenko nombra en el entorno de One of Us a organizaciones como La Manif pour Tous o el Centro Europeo por la ley y la Justicia.

Hay más referencias a España. Una de ellas esa a CitizenGo y otra a HazteOir.org. En el informe se define a HazteOir.org como una plataforma de peticiones en línea que genera donaciones públicas y apoyo a campañas dirigidas a promover una agenda cristiana conservadora, frecuentemente en contra del aborto.

La autora de la lista negra recoge que en 2013 el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, fundó la versión internacional: CitizenGo. Y sostiene que el enfoque de CitizenGo es aún más amplio porque dirige sus campañas a niveles superiores tales como la Unión Europea o la ONU.

No escapa a la caza de brujas Profesionales por la Ética. Heide Hautala señala que si bien esta organización con sede en Madrid opera principalmente en el contexto español, está acreditada ante el Parlamento Europeo, la Plataforma de Derechos Fundamentales de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en Viena y la OSCE (Organización para la seguridad y la cooperación en Europa).

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