La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se mantiene pertinaz en la defensa de la ley de imposición sexual según los criterios LGTBI y defiende la inspección contra el colegio Juan Pablo II, cuyo director se atrevió a criticar en una carta la controvertida norma.

Con motivo de la campaña emprendida por una madre de dicho colegio a través de la asociación HazteOir.org, que en sus primeras 24 horas ha superado los 25.000 apoyos ciudadanos, la líder del Partido Popular en Madrid ha vuelto a insistir, tratando de justificar la norma en su cuenta de Twitter. 

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El colaborador de Actuall, Antonio Velázquez, difundió la petición en su cuenta de la red social de los trinos, y Cifuentes se ratificó en la investigación contra el director del colegio Juan Pablo II, al tiempo que aseguraba que “la ley LGTB sólo promueve el respeto y la no discriminación en las aulas”.

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Fue entonces cuando Velázquez insistió en otro tuit en el hecho de que dicha ley, de la que asociaciones como Arcopoli se han autonombrado comisarios políticos e inquisidores principales, “impone un modelo de ver el mundo”.

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Entonces Cifuentes respondió con un lacónico “no es verdad” y el envío de dos cuadros de argumentos que utilizara cuando se aprobó la ley, y que ya fueron desmontados por Actuall.

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Cristina Cifuentes no supo qué contestar cuando Velázquez subrayó que “la ley coarta la libertad ideológica de los centros” y que, precisamente, “esta inspección y las amenazas de sanción son muestras evidentes” de ello.

Posiblemente la presidenta de la Comunidad de Madrid no supo qué responder porque resulta complicado defender lo indefendible.

El argumentario que difundió en un meme es, en efecto, insostenible y falaz, como ya demostró Actuall

Ella misma se contradice porque los contenidos de la ley señalan exactamente lo contrario.

Veamos:

  1. Cifuentes miente: la Ley sí impone un modelo educativo: la ideología de género

No lo decimos nosotros sino la propia ley: Artículo 32 (Inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudio):

“La Consejería competente en materia de educación incorporará la realidad lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Madrid en aquellas materias en que sea procedente”.

  1. Cifuentes miente: los colegios sí serán centros de adoctrinamiento

No lo decimos nosotros sino la propia ley: Art 31, punto 9.- “Dentro de los contenidos educativos de libre asignación de la Comunidad de Madrid se garantizará que todos los alumnos madrileños reciban la formación que promueva los valores constitucionales de convivencia, respeto e igualdad hacia el colectivo LGTBI, una aproximación hacia los distintos modelos de familia y se explique la realidad de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género”.

Distintos modelos de familia, diferentes orientaciones sexuales, identidades de género… es decir adoctrinamiento.

  1. Cifuentes tergiversa: La ley sí que será dictada por los colectivos LGTBI

Dice Cifuentes que la doctrina LGTB no será impartida por el colectivo gay, sino que serán los mismos maestros y profesores.

Esa es una verdad solo a medias. Serán en efecto los mismos profesores los que impartan esos contenidos pero al dictado de los colectivos LGTB -lo que por cierto vulnera, de una tacada, la libertad de cátedra y la libertad de expresión al imponer un adoctrinamiento ideológico-.

No lo decimos nosotros sino la propia ley: Artículo 29, punto 2: “Las medidas previstas en este plan se aplicarán en todos los niveles y etapas formativas y serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. En el plan habrá puntos referentes a la prevención del acoso LGTBI y se hará hincapié en el carácter rural de algunas zonas de la Comunidad. Dicho plan tendrá que ser elaborado de forma participativa, contando con las organizaciones LGTBI y el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid

Y en el mencionado artículo 32 (Inclusión de la realidad LGTBI en los planes de estudio) añade:

“(La Consejería) Revisará los contenidos de información, divulgación y formación que ya existan en los distintos niveles de enseñanza y en otros ámbitos formativos, para lo que dará audiencia a las asociaciones, organizaciones y colectivos LGTBI“.

  1. Cifuentes tergiversa: Sí que habrá multas de 45.000 euros

Dice Cifuentes en Twitter que es falso que se multará con 45.000 euros a quien intente enseñar que la heterosexualidad es lo natural; pero que se sancionará las terapias que pretendan modificar la orientación sexual o identidad de género.

La presidenta tergiversa al mezclar cosas.

Primero, nadie ha dicho que las multas sean por enseñar que la heterosexualidad es lo natural, pero esas multas existen, no es un invento. Es a lo que la presidenta se refiere en su tuit con el ambiguo e indeterminado “Se sancionará la promoción de terapias… etc”.

Lo de las multas no lo decimos nosotros, sino la propia ley: Artículo 70, apartado 4 (infracciones graves): “c) La promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”.

Y en el art 72, el apartado de sanciones dice: “3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000 euros”.

Y todo esto sin contar con otros sofismas con los que Cifuentes trata de justificar lo injustificable, y a los que Actuall se ha referido en los últimos meses:

  • La Ley vulnera la presunción de inocencia, al invertir ‘la carga de la prueba’, es decir, el acusado de discriminar a otros por orientación sexual, identidad o expresión de género tendrá que presentar las pruebas que demuestren su inocencia (Art. 66 de la norma autonómica).

La Ley repesca la censura, una herramienta propia de regímenes totalitarios

  • Vulnera la libertad de expresión, al imponer contenidos LGTBI a los medios de comunicación (lo que atenta contra el art. 20 de la Constitución). Es inconcebible en una democracia que Gobierno (estatal, autonómico) imponga una determinada ideología, como si se tratase de una verdad absoluta, en este caso la Ideología de Género y repesca la censura, una herramienta propia de regímenes totalitarios. Pero eso es lo que pretende la Ley en su art 12.
  • Discrimina a la inmensa mayoría de la sociedad, al privilegiar a un colectivo (el LGTBI) y discriminar al conjunto de la ciudadanía. El proyecto pretende luchar contra la discriminación, pero al hablar de discriminación positiva para los LGTBI, los está convirtiendo… en privilegiados.

No hace falta una ley específica de discriminación por Diversidad Sexual y de Género cuando ya la propia Carta Magna que nadie puede ser discriminado “ por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14).

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