A raíz de la aprobación de la ley antidiscriminación LGTB por la Asamblea de Madrid por unanimidad, el Centro Jurídico Tomás Moro ha propuesto cinco medidas que merecen el consenso político con mucho mayor motivo.

1.- Lucha contra el desempleo

Consensuar medidas política para luchar contra el desempleo, medidas que hasta hoy no se han aprobado por falta de acuerdo político.

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2.- Calidad educativa 

Consensuar medidas políticas que garanticen la calidad de nuestro sistema educativo, eliminando cualquier adoctrinamiento de los centros escolares, medidas que esta la fecha no se han adoptado.

3.- Garantizar las libertades 

Consensuar normas jurídicas para garantizar las libertades ciudadanas, garantizando en cualquier caso el derecho a la objeción de conciencia y garantizando la libre elección de contenidos ideológicos creando un plan integral educativo sin contenidos de ideología de género para que los padres pueden escoger las materias que estudiarán sus hijos.

4.- Fomento de la natalidad

Consensuar medidas de política social para fomentar la natalidad como única medida que garantizara el futuro en libertad de nuestra sociedad.

5.- Fin de la trata de personas y explotación de menores

Consensuar medidas para evitar la trata de personas, muy especialmente de mujeres y ninos, y consensuar medidas para evitar la explotación y el tráfico de menores mediante la prohibición de los vientres de alquiler y el establecimiento de controles para garantizar que en Madrid no se comercializan productos elaborados en terceros países con mano de obra infantil.

A juicio del Centro Jurídico Tomás Moro, el resultado unánime de la Asamblea de Madrid certifica que un minoritario grupo ideológico tiene un gran poder en las instituciones.

Una ley discriminatoria e innecesaria

A juicio de estos juristas, «la ley trata de evitar la discriminación y sin embargo no da ni un solo dato de dicha discriminación». En las ponencias parlamentarias se dio por presupuesta una discriminación que sin embargo la sociedad madrileña no percibe.

Desde el Centro jurídico se  critica que esta norma «no proporciona datos de discriminación ni en el ámbito escolar, ni en el ámbito universitario, ni en el ámbito laboral» y, sin embargo, si impone por ley la «discriminación positiva de los LGTBI».

Desde el Centro Jurídico Tomás Moro se señala que una serie de datos y realidades que, a su juicio, «se han hurtado al debate público» sobre la ley que supuestamente busca la no discriminación de los grupos LGTB.

Esta ley supone «una importante mutilación de los derechos de la mayoría» dado que violenta la libertad ideológica

En primer lugar, señalan que la ley no es necesaria, en la medida en que el artículo 14 de la Constitución Española ya dispone que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

En este sentido, subrayan » tanto el Código Penal, como el Estatuto de los Trabajadores proporcionan a la sociedad instrumentos suficientes para combatir la discriminación».

En segundo lugar, esta ley supone «una importante mutilación de los derechos de la mayoría» dado que violenta la libertad ideológica, moral y de pensamiento de la mayoría ciudadana, al imponer una ideología concreta».

Esta imposición es aplicable a todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos, sin que los padres pueden objetar.

Habrá una policía de pensamiento para combatir la libertad de expresión

En tercer lugar, se establece, a juicio del Centro Jurídico, «una suerte de policía de pensamiento para combatir la libertad de expresión» al establecerse diferentes mecanismos de adoctrinamiento y normas para controlar a los disidentes ideológicos.

Por último, la ley establece privilegios para una minoría, como que cada 17 de mayo se celebre de forma oficial el «Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia», estableciendo la obligación de instalar la bandera arcoíris LGTBI en la sede de la Presidencia y de la Asamblea de Madrid-

Además, se privilegia a los grupos editoriales del movimiento LGTBI que suplirán sus escasas ventas con la obligación que la ley establece para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la región de adquirir libros para la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBI.

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