El abogado de familia José Luis Sariego Morillo ha reflexionado en el portal legal especializado Confilegal sobre los efectos secundarios negativos y no previstos que se producen tras las sentencias de custodia, comparando los datos de los procesos que terminan en custodia compartida, con los que terminan con custodia exclusiva. Un auténtico estudio que saca unas conclusiones muy claras.

Sariego explica que ha ido analizando las familias que fueron a una modificación de medidas tras la sentencia de separación y/o divorcio, y hemos planteado distintas variables: familias con custodia compartida consensuada por mutuo acuerdo, contencioso, así como familias con custodia exclusiva consensuada por mutuo acuerdo y por contencioso. Se analizaron 100 familias.

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Las familias con custodia compartida consensuada son las que menos modificación de medidas solicitaron al cabo de los 3 años. Una de cada cuatro familias de custodia compartida contenciosa, en cambio, solicitaron una modificación al año. Todas ellas fueron presentados por las madres que se oponían a la custodia compartida en el proceso inicial.

¿Por qué se dan estas modificaciones? Explica Sariego que “frente a la mitad que piden pasar a una custodia monoparental, la otra mitad suelen ser por otros motivos: cambio de ciudad, dinero, problemas de cooperación parental, etc.”

Los padres dijeron sentirse engañados por sus abogados.

En el caso de las custodias exclusivas maternas de “mutuo acuerdo” son los padres los que piden de forma mayoritaria la modificación de medidas. Cuenta Sareigo que “en casi la mitad de los casos que hemos gestionado, la causa ha sido que los padres dijeron sentirse engañados por sus abogados o el abogado común cuando firmaron el ‘mutuo acuerdo’.

Muchos de ellos desconocían sus derechos y los de sus hijos a una custodia compartida o les dijeron que en “ese Juzgado o ciudad” era imposible obtenerla en juicio.”

Sin embargo “un 42%, habían firmado un mutuo acuerdo presionados por una amenaza velada o no, de ser denunciados por malos tratos o porque se les había prohibido ver a los niños bajo amenaza de llamar a la policía, o se sintieron forzados en el juicio, a llegar a un acuerdo.

En este apartado, concluye José Luis Sariego que “para nosotros, está claro que la custodia compartida provoca muchos menos procesos judiciales de modificación de medidas, que las sentencias de custodia exclusiva, y las que más modificaciones provoca son los mutuos acuerdos de custodia exclusiva.”

Le preocupa al autor también los Incumplimientos que dan lugar a otros procesos judiciales que colapsan los Juzgados de Familia. Estos pueden darse por ejecuciones del 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, piezas de jurisdicción voluntaria del 156 y del 158 de Código Civil, denuncias penales por impago, desobediencia, sustracción de menores, etc.:

“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que las familias con custodia compartida apenas tienen juicios posteriores por incumplimientos de medidas de las sentencias judiciales”, comenta el abogado especialista en familias. “Las custodias exclusivas tienen un elevado nivel de incumplimientos, pero sobre todo en los casos de toma de decisiones importantes sobre los niños (asuntos médicos o escolares y cambios de domicilio y/o ciudad) y en los gastos extraordinarios.”

Conclusiones del estudio

Se comprende que asociaciones de mujeres juristas de talante neofeminista, se opongan frontalmente a una ley de custodia compartida preferente, dado que sus ingresos como abogadas se obtienen de estos procesos secundarios tras la separación y/o divorcio.”, opina Sariego, que en cambio prefiere una nueva ley: “Si se aprobase una ley de custodia compartida preferente, bajaría muchísimo el número de procesos judiciales de separación y/o divorcio, sobre todo contenciosos. Pero sobre todo, bajarían muchísimo los procesos secundarios con efectos iatrogénicos tan desastrosos para miles de familias y niños, en España.”

El autor propone la siguiente reflexión a jueces, fiscales y abogados de Familia:

«¿Cuánto bajarían el número de expedientes de ejecución y piezas de jurisdicción voluntaria o modificaciones de medidas en los (sus) Juzgados con una ley de custodia compartida preferente?».

Concluye Sariego diciendo que «creo que el CGPJ y la clase política debería hacer una reflexión que quizás la custodia compartida preferente ayudaría a descolapsar los juzgados, y a desjudicializar la vida de miles familias de nuestro país, y sobre todo, la vida de los miles de niños involucrados en este tipo de procesos, cada año, en nuestro país. Sobre todo, porque los casos de violencia doméstica y de género, disminuyen ostensiblemente a medio plazo, cuando se aprueba una ley de custodia compartida preferente en un territorio.»

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