
Una veintena de organizaciones civiles han presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España y su ministra de igualdad Irene Montero después de que la dirigente neocomunista imputara a través de Twitter un delito de la llamada ‘violencia de género’ a Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco, hija de la artista Rocío Jurado y el exboxeador Pedro Carrasco.
Como es conocido, Rocío Carrasco ha protagonizado un evento televisivo en el que acusa a su exmarido de haber ejercido violencia contra ella. La ministra Montero comentó en Twitter que «el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraA juicio de los denunciantes, que la ministra señale como víctima de un delito a Carrasco equivale a señalar a Flores como culpable y por tanto, consideran que Montero se dedica a «linchar» a éste, a pesar de que la Justicia siempre ha sobreseído o archivado las denuncias de malos tratos interpuestas contra él.
«No podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales», señala la denuncia presentada ante la Comisión Europea, referida a una directiva comunitaria (2016/343) que impone la obligación de que las autoridades públicas no señalen de manera pública como culpable a ningún ciudadano que no haya sido juzgado como tal para preservar la presunción de inocencia.
Esta directiva debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico español en abril de 2018, de tal manera que «no existe ninguna vía de recurso efectiva que un ciudadano español pueda accionar frente a una violación del artículo 4 del a directiva por parte de un miembro del Gobierno».
Los denunciantes recuerdan que España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia en la que se subraya que «el derecho a la presunción de inocencia[…] exige que ningún representante de Estado o de la Autoridad Púbica declare que una persona es culpable anyes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal».