España ha recibido 24.000 millones de euros de la Unión Europea para combatir la violencia sexual /UE
España ha recibido 24.000 millones de euros de la Unión Europea para combatir la violencia sexual /UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto dar luz verde a la reforma de la Ley de la Violencia de Género. La principal novedad sería la de eliminar el «derecho de dispensa» para los casos de maltrato que regula el artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Con ello las mujeres ya no podrán dar marcha atrás en las denuncias por violencia de género ni retractarse de su declaración inicial contra el supuesto maltratador. Asimismo otra de las novedades es la de ampliar el concepto de violencia de género o extender la orden de alejamiento a los menores, según publica ABC.

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La Subcomisión del Congreso de los Diputados, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, tiene previsto finalizar esta semana sus trabajos, con la elaboración de un documento que aúne las propuestas de los distintos grupos parlamentarios.

Nadie duda de que las reformas salgan adelante, pues Rajoy se comprometió a ello en su discurso de investidura. Hay que recordar que el pasado 15 de noviembre el Congreso aprobó la proposición no de ley para reformar la ley contra la violencia de género que aprobó Zapatero en diciembre de 2004.

Durante estos casi cuatro meses de trabajo, los grupos mayoritarios, PP y PSOE, han encontrado el consenso en al menos diez medidas que, si son aprobadas, se llevarán a la práctica con casi total seguridad. Las medidas serán debatidas el jueves 8 y el viernes 9 de junio.

Según ABC, estas son las 10 propuestas que se debatirán en la cámara baja:

Ampliar el concepto de violencia de género. Tanto PP como PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en tratar como violencia de género los matrimonios forzosos o el acoso en las redes, aunque no tienen claro la fórmula. Bien se puede hacer modificando la ley actual o redactando una norma sobre trata de personas con fines de explotación sexual, como apunta el PSOE. Ciudadanos apuesta más por cambiar la ley.

Eliminar el derecho de dispensa. Una gran parte de las acusaciones contra los maltratadores se retiran cuando llega el juicio y terminan sin condena, porque la víctima se acoge a la dispensa del deber de declarar y cambia su declaración. PP y PSOE quieren eliminar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima no pueda acogerse a el. La portavoz socialista, Ángeles Álvarez, señala que «hay que ver cómo se hace para que no colisione con principios fundamentales».

Suprimir el atenuante de confesión. Un maltratador sabe que si confiesa rápidamente su crimen se le aplica el atenuante de confesión, que figura en el Código Penal. Los grupos mayoritarios quieren eliminar este atenuante del Código Penal y así impedir que la Justicia le beneficie.

Orden de alejamiento para menores. El Partido Popular apunta que también podría haber un alto nivel de acuerdo en la decisión de extender a los menores la orden de alojamiento que el juez dicte contra el padre. Se dan casos en los que el juez dicta una orden solo para la madre, y cuando el padre se queda con los niños, los mata, como así sucedió en Córdoba con José Bretón, y en otros muchos casos.

«Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», dice el PP

Más formación para jueces, médicos, psicólogos… La necesidad de reforzar la formación de todos los actores implicados en los casos de violencia de género también ha sido puesta de manifiesto en las diversas comparecencias que se han llevado a cabo ante la Subcomisión. Los partidos mayoritarios la asumen como un elemento fundamental del pacto. Incluso no descartan que se pueda impartir alguna asignatura sobre esta materia en los centros escolares.

Eliminar el agravante de género. En la Ley Orgánica de Violencia de Género existe el agravante de género para condenar al maltratador. «Se ha dado el caso en que algunos pronunciamientos judiciales aseguran que no hubo intención de someter a la mujer y consideran la agresión como violencia doméstica y no de género», señala la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Marta González. Esta formación política señala que hay que eliminar este agravante porque en algunos casos se trata de «apreciaciones subjetivas del juez sobre si existe, o no, violencia de género». Otros grupos también comparten esta consideración.

Eliminar el derecho de información. Los hijos de mujeres maltratadas, en algunos casos, tienen que recibir asistencia psicológica. Este tratamiento tiene que ser autorizado por el padre maltratador, según el artículo 156 del Código Civil. Con este pacto se pretende que se elimine esta autorización. La portavoz socialista señala cómo «se han producido denuncias de los padres contra psicólogos porque entienden que sus hijos reciben el tratamiento sin permiso».

Tipificar el delito de suplantación en la red. Los populares tienen la intención de plantear que se tipifique en el Código Penal el delito de suplantación en la red. Ello es así por que se ha detectado que los maltratadores, al conocer las claves de sus parejas en las redes sociales, envían mensajes que en muchos casos se consideran ofensivos, suplantando su personalidad. Incluso contestan su correo electrónico. A día de hoy este delito no existe en la legislación. Los populares creen que la mayoría de grupos parlamentarios podría aceptar incorporar esta medida al documento final, que está previsto cerrar el próximo viernes y enviarlo al Gobierno para su aplicación.

Equipos especializados en la Policía . Cuando se interpone una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional somete a la víctima a un cuestionario tomando como base el programa ‘Viogen’, y hace una valoración del riesgo. En función de ello, decide las medidas de protección a adoptar. Pero los policías se quejan de que ellos no son psicólogos y de que el juez debería tener otros informes. Por ello, los expertos consideran que en los Juzgados de Violencia de Género debe haber un equipo específico para elaborar esos informes desde un punto de vista más profesional. En el pacto que se firme se podría recoger esta petición, sobre la que puede haber, de entrada, un consenso.

Endurecer el proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal castiga el delito de proxenetismo. Sin embargo, el Partido Popular considera que lo hace de una manera muy laxa y que es «necesario castigarlo con mayor dureza». La mayoría respaldaría esta propuesta.

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