Imagen del Congreso, el día de la aprobación en 2004 de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género /Wikimedia
Imagen del Congreso, el día de la aprobación en 2004 de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género /Wikimedia

El Partido Popular y el Partido Socialista impulsan una reforma de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que supone una ampliación de la red clientelar que surge de la aplicación de dicha ley.

Ambas formaciones habían presentado sendas proposiciones no de ley para la reforma de la ley, que han sido fundidas en una enmienda transaccional que, según ha informado el portavoz popular, Rafael Hernando, incluye sugerencias de otras fuerzas políticas.

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Esta enmienda prevé la creación de una subcomisión parlamentaria que estudiará cómo se ha aplicado esta ley y que, previsiblemente, propondrá la adopción de las medidas propuestas originalmente por ambas formaciones.

Entre estas medidas, se prevé «aumentar las partidas presupuestarias» para la realización de cursos de prevención y la asistencia social que, ha juicio del PSOE, habían sido rebajadas durante los últimos años.

Se da la circunstancia de que la Unión Europea cifró en 24.000 millones de euros el dinero que se había movido en España hasta el año 2012 relacionado con este ámbito, lo que supone cerca del 10% del gasto europeo total en este campo.

Ese caudal de dinero está gestionado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer previsto en la Ley, cuya composición está liderada por varias organizaciones afines al PSOE y, en menor medida al PP, que deciden las líneas de trabajo y al tiempo, las ponen en funcionamiento con las subvenciones.

La red de organizaciones públicas o privadas, vinculadas al PSOE que saca provecho de la llamada «industria» de los malos tratos podría verse ampliada con la creación de una «unidad de coordinación» adicional en cada Comunidad Autónoma, como propone el PSOE.

Cursos obligatorios para magistrados

Otra medida que puede ayudar a hacer mayor la red clientelar nacida a raíz de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género es la que obligará, si sale a delante la propuesta del PSOE, a magistrados, abogados, forenses y equipos psicosociales relacionados con juzgados de violencia de género a una «formación certificada» en la materia.

Diucha formación, debe estar impartida «por una institución acreditada» que, siguiendo la lógica de funcionamiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, será alguna de las mismas organizaciones que lo controlan: Fundacion Mujeres, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Federación de Mujeres Progresistas o la Asociaicón de Mujeres Juristas Themis.

Del mismo modo, la subcomisión parlamentaria que también es apoyada por Ciudadanos según ha revelado en el Congreso su portavoz, Juan Carlos Girauta, abundará en lal inclusión de «información específica en igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género al currículo de todas las etapas educativas», según ha propuesto el PP.

Excepción en el indulto

Por otro lado, el Partido Popular también ha propuesto «prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a violencia de género«, que en este momento puede ser solicitado por «reos de toda clase de delitos».

Esta medida está en la línea de lo afirmado por el Consejo General del Poder Judicial en la actualización de la Guía de Aplicación de la Ley integral contra la violencia de género, respecto a la presunción de inocencia.

El órgano presidido por Carlos Lesmes sostiene que no se puede decir que el hecho de que el 87% de las denuncias no acabe en condena no se puede relacionar con denuncias falsas, sino con la dificultad probatoria, afectando gravemente así la presunción de inocencia para todo acusado.

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