Un grupo de homosexuales sobre una carroza en el desfile del Orgullo gay de Maspoalomas, 2015 / Youtube
Un grupo de homosexuales sobre una carroza en el desfile del Orgullo gay de Maspoalomas, 2015 / Youtube

El Parlamento balear aprueba esta mañana la Ley para Garantizar los Derechos de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y Transexuales, con el objetivo de acabar con la LGTBI fobia. La iniciativa ha sido apoyada por el PSOE, Més, Podemos, Gent per Formentera y El Pi-Proposta per les Illes. Mientras que, el Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.

En la exposición de motivos de esta ley, se explica que su propósito es garantizar los derechos de estas personas y evitar las situaciones de discriminación y violencia. Pero también asegurar que en las Islas Baleares se pueda “vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad”.

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Y es que según las cifras del Ministerio del Interior sobre Delitos de Odio, Baleares ocupa la cuarta posición en denuncias referidas a la orientación sexual o identidad de género de la víctima. De hecho, tal y como recoge EFE, en 2014 se registraron 44 denuncias en las islas.

El Foro de la Familia considera que esta ley es “injusta”  

El Foro de la Familia de Baleares (FFB) ha pedido este domingo a los partidos a través de un comunicado el voto en contra de lo que cree que es una ley “injusta”. Para ello, ha publicado 24 razones para oponerse a esta iniciativa.

Así la entidad “rechaza toda discriminación legal a las personas por su conducta sexual o ideas al respecto, pero no podemos aceptar que se nos imponga a todos ni la adhesión a una concepción de la sexualidad concreta, ni que se obligue desde el poder a hacer visible una forma de entender la sexualidad, ni que se nos imponga a todos la presencia del colectivo LGTB y sus asociaciones en todos los ámbitos de la vida social”.

Esta ley, a su juicio, «genera una gran inseguridad jurídica» al utilizar lenguaje «de interpretación muy discutible», que «describe potestades y competencias administrativas igual de vagas y poco concretas» y «establece infracciones tan vagamente definidas que todos podemos ser considerados infractores por el mero hecho de ejercer derechos fundamentales básicos como la libertad ideológica, religiosa, de educación o de empresa«.

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