La subsecretaría de Políticas de diversidad Sexual del nuevo Ministerio de las Mujeres, Género y diversidad (sic) del gobierno argentino estará a cargo de la persona transexual conocida como Alba Rueda, nacido varón y bautizado como tal.

Se trata de toda una declaración de intenciones del nuevo gobierno de izquierda en el país austral, dado que mantiene un conflicto judicial con la Iglesia católica a quien pretende obligar a modificar en sus registros, sujetos al derecho canónico, los datos de su bautismo y confirmación.

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En concreto, Rueda pretende que su nuevo nombre, que ya figura en el Documento Nacional de Identidad al amparo de la ley 26.743 de Identidad de Género, sustituya al que ele fue dado en los sacramentos del bautismo y la confirmación, básicos en la iniciación cristiana católica.

El Arzobispado de Salta no se plegó a las exigencias de Rueda, que reclama una sustitución «si huella», esto es, sin notas al margen. La institución eclesiástica, tal y como es narrado por algunas organizaciones LGTBI, se habría negado a asumir «ficciones jurídicas», aunque habría aceptado una anotación marginal en sus archivos.

Rueda también ha referido que el propio arzobispo Mario Antonio Cargnello le habría explicado que «usted fue bautizado y eso es un hecho histórico que nadie puede cambiar».

Rueda llevó al caso a la Cámara Nacional de Apelaciones por la vía Civil, pero no obtuvo una respuesta favorable. Se trata la primera demanda que se interpone contra la Iglesia por incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, que resultó ser infructuosa, por lo que acudirá a la Corte Suprema de la Nación.

En dicha instancia definitiva, Rueda además ha decidido subir la apuesrtata judicial al plantear, en compañía de Julieta Arosteguy, de la Campaña Nacional por un Estado Laico, una declaración de inconstitucionalidad de los acuerdos de Argentina con la Santa Sede, vigentes desde 1966.

El Arzobispado de Salta defiende que «el registro de los sacramentos no es equiparable al registro del estado civil estatal, sino a actos jurídicos canónicos sacramentales, en los que se consignan hechos históricos» que «no son accesibles a terceros ni tienen carácter público».

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