La decisión se ha acordado en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno tras recibir un informe de la Consejería de Políticas Sociales que tipifica como infracción «muy grave» en virtud de esta normativa, según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.
La decisión se produce justo en el mismo día en que la Comunidad de Madrid ha avanzado la apertura de una investigación relativa a las actividades del Centro de Orientación Regina Familie del Obispado de Alcalá, en el que se acompaña a personas con atracción al mismo sexo.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de Ley contra la LGTBIfobia, ha incoado 18 procedimientos sancionadores (17 leves), de los que 14 han sido objeto de sanción por vulneración de diferentes artículos de dicha Ley
En concreto, se ha acordado iniciar el proceso sancionador contra E.L.R tras la denuncia presentada por la asociación Arcópoli ante la presunta comisión de una infracción derivada de la promoción a través de internet de «terapias de curación de la homosexualidad». Se le acusa de vulnerar el artículo 70.4 de la Ley contra la LGTBifobia.
Tras un periodo de información previa abierto por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y la posterior denuncia en 2017 de dos particulares por los mismos hechos, la Secretaría General Técnica del departamento que dirige Lola Moreno califica esta oferta de terapias para curar la homosexualidad de infracción muy grave y procede al inicio del procedimiento sancionador contra esta persona. La sanción a la que se tendría que hacer frente va desde los 20.001 euros a los 45.000 euros.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de esta normativa, ha incoado 18 procedimientos sancionadores (17 leves), de los que 14 han sido objeto de sanción por vulneración de diferentes artículos de dicha Ley.
En concreto las 14 sanciones impuestas hasta el momento se han producido por utilizar o emitir expresiones que se entienden vejatorias por razón de orientación sexual e identidad, expresión de género o que inciten a la violencia contra la personas o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en redes sociales; y por discriminar a un trabajador por razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género, sea ésta real o percibida.
Uno de esos casos fue el caso de la sanción por 1.000 euros al director del Colegio Juan Pablo II de la localidad de Alcorcón por una misiva remitida al alumnado en 2017 por relacionar la Ley contra la LGTBifobia con el «fanatismo terrorista».
No obstante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló en octubre del año pasado esta sanción al docente al entender que la tipificación de las sanciones de la ley no estaba suficientemente desarrollada y que se realizaba en esa carta una crítica a la mencionada normativa.
En La Comunidad de Madrid inició también ese año un procedimiento sancionador valorado en 1.500 euros contra la asociación Hazte Oír por el reparto en colegios de la región de unos folletos sobre «leyes de adoctrinamiento sexual», entre la que se encuentra la ley contra la LGTBifobia de la región.
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